La Procuraduría dio un paso importante en la búsqueda de justicia para la familia de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que padecía hemofilia A severa y cuya muerte fue atribuida a fallas sistemáticas del sistema de salud.
Según información publicada por La FM, el ente de control convocó formalmente para el próximo miércoles 27 de mayo a una audiencia de conciliación entre el Estado colombiano y la Nueva EPS, que deberán sentarse frente a Yudy Katherine Pico, madre del menor, para intentar resolver el caso y llegar a un acuerdo.
El origen de esta citación radica en las conclusiones de la propia Procuraduría, que, tras analizar el historial del caso, determinó que el deceso del menor no fue un hecho inevitable, sino el resultado de la inadvertencia y la negligencia por parte de Nueva EPS.
La falta de atención oportuna y la gestión de la enfermedad del niño habrían sido los detonantes de una tragedia para su familia.
Entre los citados a responder no solo se encuentra la mencionada entidad de salud, la más grande del país, sino también el Ministerio de Salud, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La suma de la demanda
En términos económicos, la familia Pico estructuró el monto fundamentado en el daño moral y material sufrido por la muerte del menor. Aunque el monto total proyectado en una demanda formal superaría los 1.800 millones de pesos, para esta instancia de conciliación han propuesto una cifra base de aproximadamente 923,26 millones de pesos.
Este busca cubrir las afectaciones de todo el núcleo familiar: desde la madre del menor, quien reclama más de 175 millones de pesos, hasta sus hermanos y su abuela materna, Carmen Naranjo, quienes solicitan indemnizaciones individuales cercanas a los 87 millones de pesos como parte de la reparación por la pérdida del pequeño Kevin.
La defensa de la familia, liderada por los abogados William Mejía y el exministro Wilson Ruiz, ha manifestado una disposición total para cerrar este capítulo mediante el diálogo el próximo 27 de mayo.
Según señaló Mejía al medio ya mencionado, la conciliación representaría la vía que estaría buscando la familia.
Medicina Legal desmiente a Petro
En sus declaraciones durante los Consejos de Ministros, el presidente Gustavo Petro lanza dardos contra distintas instituciones del país y, más que un espacio informativo, el escenario termina siendo de señalamientos y juicios.
En su más reciente intervención, hizo afirmaciones sobre el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el manejo que le ha dado a la información sobre la muerte del menor Kevin Acosta en Huila, el niño hemofílico que murió esperando medicamentos.
“Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe. No lo entregan al público, ni al Gobierno, ni a la familia, que aún no sabe realmente de qué murió. Y me pueden demandar, pero esto es un manejo político de la muerte, porque hoy no existe una prueba que demuestre que fue culpa de la nueva EPS; incluso, es muy probable que no haya muerto por eso”, afirmó el mandatario.
Las declaraciones del jefe de Estado generaron controversia inmediata, pues apuntaban a un supuesto ocultamiento del informe forense y a una posible intervención de la Fiscalía General de la Nación para impedir su divulgación.
Ante ese contexto, el Instituto emitió un pronunciamiento en el que desmintió esa versión y explicó el marco legal que regula su actuación.
“El Instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Estos solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”, señaló el doctor Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal.
En contexto: Medicina Legal desmiente a Petro y niega ocultar informe sobre muerte del menor Kevin Acosta
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