Uno de los objetivos trazados desde el inicio de la mesa de diálogos —incluidos los diálogos exploratorios— es que las Farc dejen las armas y se conviertan en un movimiento político para ejercer cargos de elección popular sin la presión de las armas.
Para llegar a esa instancia, el grupo guerrillero expresó ayer desde La Habana su disposición de dejar la actividad armada para encaminarse hacia la vida política si el Gobierno cumple con las garantías y reformas propuestas por ellos luego del estudio hecho por la subcomisión de las Farc tras acordarse el punto de la participación política.
Para llegar a este fin, las Farc lanzaron una serie de propuestas como la contribución a la finalización de la confrontación armada; la decisión de transformarse en un movimiento político, la activa participación en la construcción de la memoria y de la verdad histórica, y de acciones reparadoras y contar con sus experiencias de democracia directa y comunitaria, de economías y valores solidarios y de cooperación social.
El comunicado, leído por alias “Jesús Santrich”, reseña entre otras propuestas dar garantías reales de no repetición, y buscar una desmilitarización progresiva y una reforma al interior de las Fuerzas Militares, pues insisten que el Estado debe reconocer su responsabilidad en el conflicto.
Santrich precisó que debe haber una depuración del Estado, las Fuerzas Militares y la Policía, incluyendo organismos de inteligencia, cuyas actividades hayan dejado víctimas en el marco del conflicto.
“La guerrilla asegura que dicha desmilitarización y reforma a la Fuerza Pública implica “una reconversión de las Fuerzas Militares de fuerzas contrainsurgentes hacia fuerzas de protección de la soberanía nacional y de las fronteras patrias. Una reducción del tamaño de las Fuerzas Militares y del gasto y defensa hasta un dos por ciento (2%) del PIB”.
Asimismo sugieren un rediseño a los servicios de inteligencia y una apertura pública de los archivos de las Fuerzas Militares y de estos organismos especiales del Estado. Mientras tanto como acciones ‘inmediatas’ piden concretar un cese bilateral al fuego y a las hostilidades, así como detener actividades y proyectos del sector minero en el país.
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