El juez 75 con función de Control de Garantías definirá en la tarde de este martes si le concede o no la libertad por vencimiento de términos a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez, vinculada en casos de corrupción en dicho departamento.
De acuerdo con Antonio Luis González, defensa de Pinto Pérez, la solicitud de libertad por parte de su defendida radica en que se vencieron los términos desde que la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra la mujer, sin embargo, ésta no ha sido llevado nuevamente a los estrados judiciales.
“El 17 de mayo de 2017 radicó el escrito de acusación en Riohacha Guajira en el centro de servicios, lo mandó el 12 por correo, allá llegó el 17 entonces, tenemos qué hay que contar desde ese día, que es donde queda radicado. Ya tenemos del mes de mayo 15 días, de junio tenemos 30 días, de julio tenemos 31 días, de agosto tenemos 31 días, de septiembre tenemos 30 días, de octubre tenemos 31 días, de noviembre 30 días, de diciembre 31 días, de enero 31 días, de febrero 28 y al día de hoy van cinco, según estas cuentas tenemos 293 días calendario que han transcurrido desde que el señor fiscal radicó por correo el escrito de acusación. A esos 293 días le descuento los 32 días de mi aplazamiento y ahí quedarían 261 días calendario”.
Ante dicho señalamiento, el delegado de la Fiscalía aseguró que aunque el abogado defensor tiene razón en parte de su intervención, sin embargo, está errado en la fecha de radicación del escrito de acusación.
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“La imputación se hizo entre el 8 y 15 de marzo del año pasado (...) lo que dice la defensa de Oneida Pinto es cierto, la Fiscalía lo envió el 12 de mayo y fue radicado el 17 de mayo, la Fiscalía incurrió en un error, porque no tenía que mandarlo a Riohacha sino tenía que mandarlo a Maicao, porque era la jurisdicción competente, (...) es decir, el escrito de acusación se radica formalmente el 31 de mayo en Maicao y ahí es donde le empiezan a dar trámite. Esta fecha del 31 de mayo se convierte en el punto de radicación del ente acusador”.
Una vez conocidas las partes, el juez determinó estudiar el caso y tomar un decisión en la mañana de este martes.
Pinto es investigada a partir de las denuncias que hicieron los entes de control del departamento, de irregularidades registradas en el 2011 y que involucran “actos graves de corrupción”, relacionados con el desvío del erario y el dinero destinado para la alimentación de los niños con problemas de desnutrición en esta sección del país.
La mujer debe responder por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado
