El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, respondió este lunes a la denuncia realizada por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia, que lo vinculó con un supuesto volteo de tierras cuando fue alcalde de Villavicencio hace una década y que presuntamente habría terminado beneficiando territorios de su propiedad.
Al calificar los señalamientos como “calumnias y mentiras”, Zuluaga aseguró que sobre la alerta ya se pronunció la Fiscalía y la Procuraduría, por lo que instó al Gobierno a no amedrentar a la oposición. Inclusive, el exmandatario fue más allá y reclamó que en diciembre pasado el secretario de Presidencia, Andrés Idárraga, lo amenazó y le dijo que “mejor” se evitara problemas.
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“Hoy el secretario de Transparencia de la Presidencia fue a los medios de comunicación con calumnias y mentiras. El mismo que en diciembre me mandó a amenazar, a decirme que él iba a ser vicefiscal General de la Nación, que me evitara problemas y que mejor cooperara con temas de interés del Gobierno. Eso no puede ser. Eso es lo que hacen en Venezuela y en Nicaragua, ¿y eso es lo que pretende hacer aquí, presidente?”, cuestionó Zuluaga.
Según la Secretaría, durante su gestión como alcalde de Villavicencio entre 2012 y 2015, Zuluaga efectuó cambios al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2015, logrando la supuesta reclasificación de terrenos que, inclusive, habrían incluido al menos dos bienes de su propiedad.
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Lo anterior quedó consignado en un informe realizado por la Contraloría de Villavicencio en 2023, en la que se alertó por construcciones ilegales en zonas de expansión urbana, específicamente en la vereda Zuria. “Estos predios, entre los que se encuentran los del exgobernador, también se beneficiaron de una modificación en el uso del suelo, siendo reclasificados de sub-urbano y uso agrícola, a ser de expansión urbana y uso expansión para desarrollo concertado”, explicó Transparencia.
En ese sentido, el exgobernador se refirió al asedio que sufrió la Corte Suprema de Justicia recientemente en medio del proceso para escoger fiscal. Por ello, cuestionó si lo que quiere es escoger prontamente al titular del ente investigador para perseguir a sus opositores.
“Presidente Petro, ¿la presión a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal es para perseguir a sus opositores? Ya hasta el ELN dijo que va a salir a las calles a presionar también. Esto no puede ser, presidente (...) Este es un tema de hace 10 años, en el que ya se pronunció la Fiscalía y la Procuraduría, y dijeron que ‘no hay irregularidades’, pero estoy listo presidente porque estamos en un Estado de derecho y tenemos que dar ejemplo”, agregó.
Adicionalmente, Zuluaga respondió que todos los funcionarios públicos tienen el deber y la obligación de acudir cuando sean requeridos por los organismos de control. “A mí no me da miedo. No soy como usted que se inventa golpes blandos, golpes de Estado y rupturas institucionales, porque investigan a su hijo, a su esposa o a sus funcionarios”.
Al advertir que no se va a dejar amedrentar ni callar, Zuluaga manifestó que seguirá denunciando irregularidades y “hablando claro”: “Presidente, deje de hacer campaña sucia y trabaje, necesitamos seguridad y verlo trabajando. Basta de populismos”, precisó.
A principios de mes, el exgobernador Zuluaga acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para reclamar por la supuesta ruptura institucional que denunció el presidente Gustavo Petro, así como para advertir que, por cuenta de políticas como la paz total, el país “se le está saliendo de las manos” al Jefe de Estado. Incluso, en ese entonces reclamó que no contaba con esquema de seguridad.
Ante los cuestionamientos por la alerta elevada por la Secretaría de la Transparencia contra uno de los opositores del Gobierno, el encargado de esa entidad, Andrés Idárraga, negó que se trate de una casualidad y que la propia Contraloría de Villavicencio estuvo detrás de los hallazgos en diciembre pasado.
“Se aperturó una indagación sobre el posible beneficio por el cambio de la norma que él mismo hizo en el ordenamiento territorial cuando fue alcalde sobre predios de su propiedad y que fueron adquiridos en los años 2009 y 2010, lo que podría constituir la comisión de varios delitos (prevaricato por acción y omisión, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir). Son las autoridades las que deben establecer si efectivamente estamos ante un caso de volteo de tierras”, explicó.