Los exfuncionarios negaron haber ordenado la adquisición del software espía y aseguraron que no existen registros de dicha compra. Además, reafirmaron su compromiso con la legalidad y la transparencia.
En medio de la controversia por la supuesta compra del software espía Pegasus, este miércoles exfuncionarios y exintegrantes de la cúpula militar del expresidente Iván Duque se refirieron al escándalo y señalaron que “nunca se ordenó la adquisición del software por parte del Estado colombiano”.
En la misiva –firmada, entre otros, por los exministros de Defensa Guillermo Botero y Diego Molano, así como por exgenerales, el exdirector de Inteligencia, almirante (r) Rodolfo Amaya, y el exconsejero de Seguridad Rafael Guarín–, se explica que el expresidente no participó en ningún proceso de adquisición de bienes y servicios estatales.
“La instrucción para todas las entidades fue clara: seguir estrictamente los lineamientos de contratación estatal, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos”, dice la carta, en la que insisten en que no existen registros de la compra del software.
“Así lo han manifestado el Ministerio de Defensa y, más recientemente, la Dirección de Inteligencia de la Policía, confirmando que tampoco hay registros en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) ni en los gastos reservados”, señalaron los exfuncionarios.
En esa línea, ratificaron que los exministros Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo (Q. E. P. D.) y Diego Molano, junto con la cúpula militar y de la Policía, el exconsejero presidencial para la Seguridad Nacional y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), “siempre actuaron bajo la instrucción de apego riguroso a la legalidad en la protección de la seguridad del país”.
Precisaron, además, que mantuvieron relaciones con otros Estados bajo los principios históricos de cooperación internacional para enfrentar el crimen transnacional. “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y la integridad en cada una de nuestras decisiones y acciones mientras estuvimos al servicio del país”.
Finalmente, indicaron que, durante su mandato, el expresidente Iván Duque dio directrices “claras y explícitas” a todos los funcionarios para que actuaran en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.
“Bajo su liderazgo y con estricto apego a la Constitución y las leyes, todo el aparato de seguridad del Estado fue utilizado exclusivamente para enfrentar al crimen organizado y contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional”, puntualizaron.
La misiva es firmada por:
Ministros de la Defensa
- Guillermo Botero Nieto
- Diego Andrés Molano Aponte
Generales
- General Luis Fernando Navarro Jiménez
- General Nicasio Martínez Espinel
- General Óscar Atehortúa Duque
- General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda
- General Jorge Luis Vargas Valencia
Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional
- Rafael Guarín Cotrino
Director Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
- Almirante (R) Rodolfo Amaya
EL COLOMBIANO conoció en primicia que el Grupo Egmont de inteligencia financiera global confirmó que el país fue oficialmente suspendido por la filtración del presidente Gustavo Petro acerca del software Pegasus. Esto significa que el país queda aislado en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos.
Hace una semana se conoció que el grupo había tomado esta decisión provisional mientras llamaba a la consulta de los países miembros. Este diario conoció el comunicado oficial en el que anuncia que Colombia queda suspendida definitivamente porque no cumplió con los estándares para que se garantizara la independencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de cualquier otra entidad, en este caso la propia Presidencia de Colombia.
Recientemente, el presidente Gustavo Petro alertó que el programa fue adquirido por la Dirección de Inteligencia Policial por 11 millones de dólares en el Gobierno de Iván Duque y, según el mandatario, tendría la capacidad de espionaje de celulares de cualquier tipo.
La Fiscalía reveló que inició una investigación en torno a la supuesta compra y uso del software. Según el ente, la adquisición de este sistema, desarrollado por la firma israelí NSO Group, habría tenido lugar a mediados de 2021. Catalogado como un software espía, conocido por su capacidad para interceptar comunicaciones en dispositivos móviles, ha sido señalado por su uso indebido en diversos países.
En el caso de Colombia, las denuncias apuntan a que supuestamente fue utilizado para llevar a cabo seguimientos ilegales a magistrados y empleados de las altas cortes del país.
La indagación ahora se centra en esclarecer varios puntos clave: cómo se negoció la supuesta compra entre Dipol y NSO Group, cuál fue el origen del dinero y cómo se efectuó su traslado de Colombia a Israel. Además, se investiga si esa información financiera fue compartida con la UIAF y si la compra fue monitoreada por las autoridades colombianas.
