En una audiencia reservada llevada a cabo en Arauca, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha escuchado los testimonios de seis representantes de un grupo de 32 personas que afirman haber sido miembros de las Farc-EP, pero que no fueron incluidos en los listados entregados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en 2017.
Este llamativo encuentro llevado a cabo por la Sala de Amnistía o Indulto tiene como objetivo recopilar información para evaluar y resolver la situación jurídica de estos individuos.
Los participantes de la audiencia afirmaron que desconocen las razones por las que fueron excluidos del proceso y que quieren evitar vivir las dificultades a las que se han enfrentado en el proceso de reincorporación debido a su exclusión de los listados de paz. Razón por la cual presentaron la solicitud a la JEP para verificar su situación jurídica, y poder acceder como los demás excombatientes a los programas de reincorporación económica, política y social ofrecidos por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
Durante la audiencia, las magistradas Alexandra Sandoval Mantilla y Marcela Giraldo Muñoz realizaron una indagatoria para comprobar la pertenencia de estas personas al, entonces, grupo armado, su estructura dentro de la organización, sus comandantes, su rango, y las razones por las que, según ellos, no fueron incluidos en los listados originales.
Además de los testimonios, la Sala considerará otras fuentes de información, incluyendo a algunos exmiembros de las Farc, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, así como la intervención de Pastor Alape, excomandante de la anterior guerrilla y representante del Partido Comunes.
Al concluir la diligencia, la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla anunció que, luego de revisar la información obtenida, la Sala tomará una decisión sobre la situación jurídica de estas 32 personas. Decisión que podría permitirles ser reconocidos como exmiembros de las Farc-EP y acceder a los beneficios contemplados en el Acuerdo de Paz.
“La garantía de seguridad jurídica para los exintegrantes de las Farc-EP es esencial para fortalecer el proceso de reintegración a la sociedad y prevenir la repetición de la tragedia del conflicto armado en Colombia”, recordaron las magistradas.
