Los últimos detalles sobre el matrimonio igualitario serían definidos el próximo jueves por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que procederá a darle el visto bueno a la ponencia que el magistrado Alberto Rojas Ríos elaboró a favor de estas uniones.
Como se sabe, la Sala Plena derrotó la semana pasada la ponencia del magistrado Jorge Pretelt, quien consideraba que el matrimonio solo podía corresponder a un hombre y a una mujer y que era el Congreso el que debía regular las uniones diversas.
Tras llegar a un acuerdo sobre la vulneración de derechos por parte de jueces y notarios cuando se niegan a unir en matrimonio civil a las parejas del mismo sexo, la Corte definirá si estos funcionarios pueden objetar conciencia, es decir, si pueden alegar que sus creencias les impiden hacer estas uniones.
Igualmente, se definirá los alcances de la decisión en materia de igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo y, según se ha establecido, la Corte argumentaría por qué sí puede tomar este tipo de decisiones anti mayoritarias y que han sido criticadas por estar supuestamente excediendo sus funciones.
La postura del magistrado Rojas Ríos también indica que a todo ser humano le asiste el derecho a contraer matrimonio sin discriminación.
En su pronunciamiento ante la Sala Plena, el magistrado Rojas había indicado que la ponencia de Pretelt era una oportunidad perdida para remediar una situación de discriminación secular contra una minoría sexual en Colombia, en términos de dignidad humana, libertad e igualdad para contraer matrimonio en las mismas condiciones que usualmente lo celebran las parejas heterosexuales”.
Después de la discusión de la ponencia de Rojas, habrá un lapso de diez días para publicar el texto definitivo. Con la sentencia, se habrá materializado la igualdad de derechos para la comunidad Lgbti en Colombia.
A favor del matrimonio igualitario votarían los mismos magistrados que negaron la ponencia de Pretelt, es decir, Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Gloria Ortíz, Alejandro Linares, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas.
Estos magistrados fueron denunciados ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes por parte del director de la Fundación Marido y Mujer, Javier Suárez, por la posible comisión de los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de poder y extralimitación de funciones.
