Una intervención no autorizada a la arquitectura del maestro Rogelio Salmona está hoy bajo la lupa de las autoridades patrimoniales de la ciudad de Bogotá.
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Tras la difusión de imágenes y videos en redes sociales que evidencian la modificación de una escalera original en un apartamento del conjunto Altos de Santana, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) abrió un proceso de revisión, recopilación de pruebas y actuación sancionatoria contra los responsables.
El inmueble, protegido desde 2010 como Bien de Interés Cultural (BIC) de ámbito distrital, cuenta con un nivel de intervención 2 de conservación tipológica. Esta categoría exige preservar elementos fundamentales de su diseño, como circulaciones, fachadas, volumetrías y escaleras, tanto en áreas comunes como en el interior de las viviendas.
Según explicó Diego Parra, director del IDPC en un comunicado emitido por la institución, la alteración efectuada no habría podido ser autorizada bajo los términos en que se ejecutó, dado el valor arquitectónico del diseño original.
“Las escaleras internas, no solamente las zonas comunes, sino también al interior de cada uno de los apartamentos, hacen parte del proyecto integral. En este caso, el maestro Rogelio Salmona, con el diseño arquitectónico que planteó originalmente, incorporó unas circulaciones verticales que tienen elementos patrimoniales que sustentan justamente esa declaratoria”, afirmó el funcionario.
Parra precisó que la condición patrimonial de la propiedad es de pleno conocimiento para sus dueños, pues dicha declaratoria figura inscrita en el certificado de libertad y tradición. La normativa vigente exige que cualquier proyecto de modificación en un BIC sea radicado formalmente ante el IDPC para su evaluación previa. No obstante, en este caso, los responsables no presentaron ninguna solicitud.
De comprobarse la infracción a la Ley 1185 de 2008 por intervenir un BIC sin autorización, el propietario del inmueble podría enfrentar sanciones económicas de entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales vigentes.
Asimismo, si se determina la participación de profesionales en la obra, las multas podrían duplicarse, alcanzando montos de entre 400 y 1.000 salarios mínimos.
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