La Federación Nacional de Departamentos (FND) alertó que liquidar las EPS intervenidas pone en riesgo a los pacientes y solo conllevaría al colapso de las redes hospitalarias en el país.
Los gobernadores dieron a conocer este jueves, mediante un comunicado, que la medida ordenada por el presidente Gustavo Petro el pasado 16 de marzo pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos, especialmente de quienes padecen enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo.
De acuerdo con datos entregados por la FND, a diciembre del año pasado las ocho EPS intervenidas adeudaban $10,6 billones a hospitales públicos del país.
“La experiencia histórica es determinante: en las 60 EPS liquidadas o en proceso de liquidación, registradas en el Sistema de Información Hospitalario (SIHO) del Ministerio de Salud, entre el 99,1 % y el 99,3 % de toda su cartera con los hospitales se convierte en deuda irrecuperable”, se lee en el texto firmado por los mandatarios departamentales.
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La FND plantea que si seis de las ocho EPS actuales fueran liquidadas, los hospitales públicos podrían enfrentar pérdidas entre $3,6 y $4,5 billones, equivalente al 33 %–47 % de toda la cartera hospitalaria pública nacional.
Ellos dicen que esto comprometería la viabilidad de muchas Empresas Sociales del Estado (ESE) departamentales y municipales, limitando la capacidad de atención y aumentando las barreras de acceso para los pacientes más vulnerables.
“Lo que está en juego no es solamente el futuro jurídico de unas entidades, sino la atención de millones de colombianos que quedarían expuestos por decisiones improvisadas que no cuentan con respaldo territorial”, señaló la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, presidenta del Consejo Directivo de la FND.
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Los gobernadores proponen
La FND propuso ocho requerimientos para que la liquidación de EPS se realice de manera segura y responsable.
El primero es la mesa de coordinación nación-territorio, que implica la creación urgente de una mesa técnica integrada por la FND, los ministerios de Salud y Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y los secretarios de salud departamentales.
Su objetivo sería producir un diagnóstico territorializado y un plan de contingencia antes de cualquier proceso de liquidación.
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En segundo lugar, la protección de la cartera hospitalaria pública. Se solicita establecer un mecanismo jurídico que resguarde los activos de los hospitales públicos, incluyendo opciones como fondos de garantía, esquemas de insolvencia diferencial o compra de cartera, para evitar que la liquidación genere pérdidas irreversibles.
El tercer requerimiento es la garantía territorializada de continuidad del aseguramiento, que consiste en certificar aseguradores alternativos en cada departamento antes de liquidar cualquier EPS, especialmente en municipios rurales o fronterizos donde la EPS intervenida es la única opción disponible para la población.
El cuarto punto es un acto administrativo formal sobre la deuda de la Nueva EPS, que materialice la promesa presidencial de asumir dicha deuda mediante un instrumento jurídico verificable, detallando los montos, las fuentes de financiación y los cronogramas de pago, brindando seguridad a los hospitales públicos acreedores.
El quinto requerimiento se refiere a la distribución proporcional de responsabilidades en EPS de economía mixta, reconociendo la participación de socios privados junto a los entes públicos y evitando que las deudas se trasladen unilateralmente a los presupuestos departamentales o distritales.
El sexto punto es el diseño del proceso con visión de transición ordenada de gobierno, asegurando que cualquier liquidación iniciada permita al próximo gobierno gestionarla sin estar limitada por hechos consumados irreversibles.
El séptimo requerimiento busca transparencia sobre el modelo de acceso a medicamentos y giro directo, solicitando un detalle técnico verificable sobre criterios de territorialización, fórmula de asignación de recursos y garantía de entrega de medicamentos durante el período de transición.
El octavo punto es la garantía de atención integral de los colombianos, mediante la reorganización del sistema de salud centrada en los pacientes, asegurando la continuidad de la atención ambulatoria, hospitalaria, quirúrgica y de rehabilitación, en cumplimiento de la Constitución y la normativa vigente.
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La FND enfatizó que la salud no admite vacíos de transición. Cada día sin medicamentos o sin atención especializada puede significar un deterioro irreversible en la condición de los pacientes, agregan.
Por ello, insistieron en que cualquier decisión sobre la liquidación de EPS debe ser planificada de manera responsable, gradual y territorializada, priorizando siempre la protección de la población.
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