Desde el partido Centro Democrático convocaron a un plantón este martes frente al Ministerio de Salud para manifestar su rechazo al polémico proyecto de reforma a la salud que el gobierno de Gustavo Petro está tramitando en el Congreso.
Para hacerle contrapeso a la iniciativa oficialista, esa colectividad además tramita una ley estatutaria de contrarreforma a la salud en la Comisión Primera del Senado. La senadora Paloma Valencia dialogó con este diario y entregó detalles de este proyecto que, según ella, pretende fortalecer el sistema de salud actual.
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La congresista del Centro Democrático negó que la contrarreforma vaya a agudizar la crisis actual de la salud en el país, como lo señaló el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde. Y defendió que el proyecto busca potenciar, y no cambiar por completo, el sistema de salud colombiano.
¿Por qué tramitan la contrarreforma como ley estatutaria y no ordinaria como la del Gobierno?
“La reforma que pretende el Gobierno debería ser una ley estatutaria porque afectan el derecho fundamental a la salud, en temas tan simples como la elección del asegurador, hoy los colombianos tienen derecho a escoger entre el público y el privado, pero con la ley del Gobierno se pierde ese derecho. Además, al ser estatutaria requiere no solo de mayorías calificadas, sino además su trámite es por la Comisión Primera, donde la mayoría de los congresistas que la integramos tenemos más visibilidad y, por lo tanto, hay menos posibilidad de que los congresistas le vendan su voto al Gobierno. Por eso, el presidente Gustavo Petro prefirió tomar una vía más corta”.
¿Qué cambios pretende la contrarreforma, estatutaria, que el Centro Democrático presentó?
“Tiene cuatro objetivos fundamentales: defender y fortalecer el sistema actual; mejorar las condiciones laborales del personal médico; llevar más recursos para la atención en salud de la población rural dispersa; y calibrar la Unidad de pago por capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada afiliado al sistema general de seguridad social en salud en los regímenes contributivo y subsidiado”.
¿Y por qué pone sobre la mesa la necesidad de calibrar la UPC?
“Necesitamos una UPC diferencial por condiciones de salud y geografía de cada colombiano. Hoy lo que está pasando es que cuando un ciudadanos se da cuenta de que está en una mala EPS, se pasa a una buena donde le presten adecuadamente los servicios que requiere. Eso ha generado una concentración de pacientes enfermos en las EPS que funcionan bien y las que no lo hacen reciben la plata igual, pero tiene afiliados a pacientes sanos. Entonces necesitamos que la UPC esté diferenciada por salud de manera que podamos concentrar los pacientes enfermos con sus recursos y las EPS estarán obligadas a cuidar al paciente enfermo”.
Una de las banderas del Gobierno, en su reforma, es fortalecer la atención rural, ¿cuál es la diferencia en su propuesta?
“La propuesta del Gobierno no tiene claridad sobre su viabilidad fiscal y el tiempo de transición y cualquier cambio debe pensarse de manera estructurada. Es necesario inyectarle más recursos a la atención de la población que vive en lugares apartados, enfocándonos en proveer los bienes públicos y servicios. Esto no se trata de invertir la plata en abrir una autopista y construir un hospital en la mitad del Amazonas, sino de encontrar mecanismos para garantizar que los recursos se destinen a la atención de la población rural dispersa y no se desvíen”.
¿Que no se desvíe la plata hacia los bolsillos de los corruptos?
“Sí. En Colombia se han registrado muchos casos de corrupción política en la salud. Al observar el estado de los hospitales públicos, uno se encuentra que están llenos de puestos burocráticos que se llevan la plata de la salud por negocios del político local. Hay carruseles de contratación que hacen que la plata de la salud termine en manos de los amigos y socios financiadores de las campañas”.
¿Cree que la reforma de Petro no enfrentará esas irregularidades?
“No lo hará porque busca estatizar el sistema. El proyecto del Gobierno va a politizar la salud y terminará entregándole el manejo de los recursos a los alcaldes. Imagínese lo que pasará con un alcalde bien sectario como le ocurrió a Medellín con Daniel Quintero, manejando la plata de la salud. O un alcalde de un municipio de sexta categoría, como lo son la mayoría en el país, teniendo que organizar una red de prestación de servicios, eso no funciona ni en el papel”.
¿Debería descartarse la reforma oficialista por la falta de certeza en su tiempo y financiación?
“El Gobierno confunde sacar una ley con armar un sistema de salud. El país lleva 30 años armando su sistema de salud, que no es perfecto pero que ha dado buenos resultados en acceso y calidad. Claro que hay cosas por mejorar, pero no se puede refundar el sistema sin saber el costo y el tiempo que esto implicará. No se explica cómo haría el Gobierno para girarle recursos directamente a los más de 11.000 hospitales que hay en el país si no es capaz de hacerlo a 30 EPS. Al sistema de salud hay que fortalecerlo, no destruirlo”.
La Gobernación de Antioquia denunció que la atención de Savia Salud se deterioró luego de la intervención del Gobierno, ¿cuál es su lectura al respecto?
“El Gobierno intenta asfixiar a las EPS y reventar el sistema como un mecanismo para forzar la aprobación de su reforma. Así lo reconocieron la exministra Carolina Corcho y el presidente Petro. Lo grave es que muestra lo malo que puede ser un sistema estatizado, administrado por lo público. Hay un mal manejo de la salud, solo basta con mirar la falta de gestión ante la escasez de medicamentos y el manejo de las vacunas contra el covid-19. Hay miles de vacunas que se vencen en diciembre y ni siquiera hay plan de aplicación”.
En la Cámara hubo polémica porque congresistas del Centro Democrático desbarataron en quórum en el debate de la reforma, ¿que opina al respecto?
“Los colombianos que votaron por el Centro Democrático no quieren que se destruya el sistema de salud. Nuestro deber como congresistas es representar las ideas de nuestros electores y, por lo tanto, no solamente se vale votar negativo, sino también no estar para evitar que, con nuestra presencia, se apruebe un proyecto que destruye el sistema de salud. Vamos a desbaratar todos los quórums que podamos para que las malas reformas de Petro no avancen”.
¿Y qué le responde a los congresistas del Pacto Histórico que tildan de ‘ladrones’ a quienes se ausentan de los debates?
“Esa discusión la tuvimos durante los acuerdos de La Habana en el gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros desbaratamos muchas veces los quórums para no permitir aprobar proyectos malos para el país. Lo que es curioso es que la izquierda aplicó exactamente la misma fórmula durante el gobierno de Iván Duque. Ahora les parece mala, pero es parte del ejercicio legislativo. Los congresistas pueden votar negativo o pueden salirse y no votar”.
¿Cree que han faltado consensos en la reforma del Gobierno?
“Sí. El problema del Gobierno es que les gusta mucho hablar con los criminales, pero le cuesta trabajo hablar con quienes piensan distinto. Al Gobierno le resulta más fácil comprar con burocracia los votos de congresistas poco visibles, en lugar de sentarse a discutir con técnicos, que es lo que le conviene a Colombia”.
¿El diálogo no mejoró tras la salida de Carolina Corcho?
“Para nada. La falta de diálogo fue un problema que no solo tenía la exministra Corcho, sino también el actual ministro de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo). A fin de cuentas el que no quiere dialogar es el presidente Gustavo Petro, que considera que llamar un ‘acuerdo nacional’ es que todo el mundo acepte sus malas ideas. Parece que el proyecto reformista del Gobierno es más un capricho ideológico que una propuesta razonada en torno a cómo debe ser el sistema de salud colombiano”.
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