Imaginemos una carrera de obstáculos con línea de meta, pista y solo dos competidores: un hombre y una mujer. El panorama se ve distinto para ambos. La mujer puede ganar, pero será más difícil, pues los obstáculos no se repartieron por partes iguales: su pista tiene más huecos, saltos y piedras.
A esto se le suma que el competidor masculino ha tratado de sacar ventaja de su oponente, incluso violentándola sexualmente, pero no ha existido forma de probarlo fácilmente. La suma de muchas carreras que se han corrido de esta manera crearon una deuda histórica con las mujeres.
Sin embargo eso está empezando a cambiar con hechos como el del 14 de mayo de este año, día en el que la Corte Consitucional emitió la sentencia T-140-21, que se conoció el miércoles, y que no solo protege los derechos de las mujeres para trabajar en ambientes libres de violencia y discriminación de género, sino que además despliega una serie de compromisos que la empresa privada y el Gobierno Nacional deben cumplir para garantizar espacios seguros para todas las colombianas.
Laura Catalina Londoño, coordinadora de la iniciativa Paridad de Género, plataforma público privada para el cierre de brechas de género en el mercado laboral de Colombia, explica que el acoso laboral, por ejemplo, dificulta no solo el acceso sino la permanencia en el mercado y que “está atravesado por muchas aristas, hasta la cultural, que nos lleva a naturalizar comportamientos violentos y a ignorar las necesidades”.
Por eso hoy se materializa la importancia del enfoque de género. Según Juliana Hernández de la Torre, directora ejecutiva de la organización Artemisas y coordinadora de la campaña Paridad Ya, es un enfoque técnico y político que reconoce que hay desigualdades estructurales históricas en las que está basada la sociedad. Se trata de relaciones de jerarquía en las que la mujer está por debajo del hombre. Este enfoque busca reconocer las desventajas y sus causas y buscar mecanismos para combatir esa desigualdad social, económica y cultural.
Alejandra Trujillo, abogada y coordinadora de Proyectos en Fescol, añade que este enfoque prueba que hay diferencias y que, por lo tanto, se requieren medidas diferenciadas en todos los ámbitos, por lo que se debe extender al Gobierno Nacional, a los territorios, a la academia y a las empresas públicas y privadas. “Su aplicación es el camino para que no se profundicen estas problemáticas, sobre todo en el campo laboral, donde el acoso tiene unas implicaciones distintas para las mujeres que para los hombres”.
Un precedente
Ese camino que se venía recorriendo tenía varios huecos que el fallo de la Corte empieza a tapar para de esta manera poder construir una ruta para lograr entornos seguros con enfoque de género, una vía que las organizaciones de toda índole deben seguir, aunando a unos esfuerzos estatales que se llevan haciendo desde un tiempo atrás. Hay avances en el tema desde 1995, cuando mediante la Ley 188 se creó la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres, una entidad que se ha convertido en la actual Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Los diferentes gobiernos han desplegado políticas para atender a la mujer, siendo uno de los referentes importantes mas recientes el Plan integral para garantizar una vida libre de violencia, incluídas en el Plan Nacional de Desarrollo de 2010. A nivel internacional, resalta la declaración de la ONU para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fechada de 1993.
Tras la explosión del movimiento Me Too en 2017 (que denunciaba la agresión y el acoso sexual), el tema tomó una nueva relevancia pública.
Es claro, sin embargo, tal como dice la sentencia actual, “(...) que, pese a los logros en el terreno normativo, en el imaginario social y cultural todavía impera una cosmovisión que tiende a reproducir mecanismos de dominación y asimetrías de poder, hasta el punto de que, sólo una óptica que confronte críticamente la percepción imperante, puede identificar las actuaciones y medidas discriminatorias que reproducen la violencia de género (...)”:
Entender ambos puntos, el cultural y la asimetría de poder, se tornan fundamentales para asentar y avanzar en dichos logros. “Una de las lecciones que tenemos que aprender es que las universidades y organizaciones están mediadas por relaciones de poder”, explica Claudia Patricia Restrepo Montoya, rectora de la Universidad Eafit, “y cuando las relaciones están mediadas por esa condición, se tiene que tener dentro de la organización una cultura muy clara alrededor de cómo se ejerce esa relación”.
Con esto hace referencia a la construcción de protocolos que medien en esos vínculos, “que traducen la ley, que hoy es protectora, creando rutas de transformación cultural”, detalla la rectora. “Es explicarle a las organizaciones cómo atender y acompañar a una persona que se siente acosada para que tenga la tranquilidad de la transparencia, la garantía de que la organización va a hacer el procedimiento que corresponda para poder mediar su denuncia, que no la van a juzgar ni revictimizar y que además le van a dar una solución. Solo así, se podrán diseñar contextos que permitan la apropiación de una cultura distinta”, enfatiza.
Un cambio cultural que viene siendo liderado por nuevas generaciones, que han impulsado un cambio y también la acción en el sector empresarial, como lo señala María Adelaida Jaramillo L., directora de Cultura de Grupo Éxito. “Ya no podemos decir que son el futuro, son el presente... han logrado posicionar la equidad de género tal y como hoy la conocemos, sin olvidar que aún nos falta mucho camino”.
Sobre ese mismo tema, Laura Gallego, presidenta ejecutiva (e) de Proantioquia, afirma se trata de “tener compromisos, planes y recursos dirigidos a promover la inclusión y la diversidad. Más conciencia de no permitir el acoso laboral o sexual. Hoy muchas empresas están hablando de tener comités de ética, de género, y unas líneas de atención claras para prevenir cualquier tipo de acoso”.
Y con el fallo se hace evidente también que ahora la pedagogía en el ámbito organizacional es vital y acompaña los pasos claros de acción para la protección de la víctima, siempre con enfoque de género. Por eso, Paola Buendía, vicepresidente Ejecutiva de la Andi, afirma que “de la mano de espacios de formación es importante capacitar a los funcionarios y a la población en general frente a los sesgos inconscientes que se presentan de manera naturalizada en las organizaciones”.
Respecto a los compromisos de los medios de comunicación, el fallo fue celebrado por la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP), “existen unos riesgos diferenciados para las periodistas mujeres. Lo principal que hace el fallo es señalar cuales son los estándares que deben tomar los medios como base. Nosotros esperamos que los medios apuesten a cumplir estrictamente, no solo como una obligación legal, también para promover la participación de las mujeres en el periodismo ”
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