Tumaco, ese rinconcito colombiano bañado por el océano Pacífico, se siente solo, como si el Estado no existiera para él, y la única forma de verlo fuera a través del camuflado.
“Así como el Gobierno desembarcó en un solo día 2.000 militares, tendrían que llegar funcionarios de todas las entidades a Tumaco, pero no llegan”, dice Edgar Insandará, secretario de Gobierno del departamento de Nariño.
Y es que en esa región del país la paz es tan frágil que ni se ha visto. Con la salida de las Farc, quienes ejercían el poder hegemónico en el margen suroccidental, han llegado nuevos grupos, se han fortalecido otros, y los carteles internacionales hacen moñona en ese enclave cocalero, que en 2017 tuvo el 11 % de los cultivos de hoja de coca de todo el país, con 19.517 hectáreas.
“Aunque continúa siendo el municipio con mayor afectación y completa 16 años en la categoría de los 10 más afectados, el área sembrada de coca se redujo en un 16 %”, señala el monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU contra la Droga y el Delito.
La reducción se justifica, en gran parte, en los esfuerzos de la Fuerza Pública por erradicar los plantíos. De acuerdo con la Dirección de la Policía Antinarcóticos, en el último año se han erradicado 5.710 hectáreas.
En una de esas incursiones policiales fue que en hechos confusos ocurrió la masacre de ocho campesinos cocaleros, que protestaban porque les estaban erradicando los cultivos sin darles oportunidad de sustituirlos voluntariamente.
Y esa fue otra de las aristas: con una inversión de $17.656 millones, el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, inició el 22 de junio pasado los pagos a 7.346 familias de Tumaco, que cumplieron con el compromiso de levantar de raíz las matas y avanzan en el desarrollo de proyectos productivos.
Los desembolsos correspondían a la asistencia alimentaria que el Gobierno les brinda a las familias que deciden terminar cualquier relación con los cultivos ilícitos. Del 22 de junio al 17 de julio se realizó el segundo pago a 3.340 familias del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, y a 2.494 familias de veredas aledañas al corregimiento de Llorente, así como el quinto pago a 1.512 familias del sector Carretera.
Desde el PNIS aclaran que para atender a 17.000 familias que dejaron la mata de coca, el Gobierno deberá invertir $640.000 millones, una cifra sin precedentes que triplica el presupuesto del municipio.
Sin embargo, para Insandará esto no es suficiente: faltan más familias por vincularse y el presidente Iván Duque dijo que no recibirá a una familia más, porque el Ejecutivo no cuenta con los recursos. Y algo es cierto, cumplirles a las familias que ya se vincularon en Nariño costará cerca de $1,6 billones.
En el informe de la ONU llama la atención una alusión al tamaño del mercado de la coca en los 10 municipios más afectados: mientras la hoja de coca producida tiene un valor en el mercado de $980.232 millones, la sumatoria de los presupuestos oficiales anuales de esos municipios, $577.000 millones, es mucho menor.
Y los demás programas de la Reforma Rural Integral no se han desarrollado. “El PNIS debió volcar la presencia del Estado y lo que vimos fue que con mucho desdén se fueron entregando los recursos”, advierte el secretario.
Dice Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, que “las expectativas no han sido cumplidas y hay una percepción de que el Gobierno no tiene interés en cumplir con la implementación total”.
