“Desde un principio me he parado duro en la raya. Soy de las que más ha jodido en la comunidad. Por eso, siento miedo, porque he sido de las que más ha estado jodiendo. Es que les dije ‘a mí no me vengan con cuentos raros, esa gente no eran guerrilleros’. Ellos trabajaban aquí y son personas que llaman a raspar. ¿Por qué no mataron a los que eran?, ¿por qué se fueron a matar campesinos?”.
A Julia* aún se le encharcan los ojos y su voz pierde potencia al recordar la masacre del Alto Remanso, una vereda a varias horas del casco urbano de Puerto Leguízamo, en Putumayo. El saldo fue de 5 heridos y 11 muertos, entre ellos, algunos civiles, un menor de edad y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.
Ocurrió una mañana del 28 de marzo de 2022 y el próximo 1 de agosto –pasado casi año y medio–, la Fiscalía, en audiencia ante un juez, solicitará cárcel para 25 uniformados del Ejército presuntamente responsables de los hechos. El argumento de las autoridades es que el operativo, realizado en medio de un bazar del pueblo Kiwcha que congregó a cerca de 120 personas, tenía como objetivo “dar de baja” a alias “Bruno”, uno de los cabecillas del grupo armado Comandos de Frontera que, así como las disidencias del Estado Mayor, libra una guerra por el control de rutas del narcotráfico.
Entre los llamados a responder por la masacre –a quienes les imputarán los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en modalidad de tentativa, como se conoció esta semana–, se encuentran un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados. No obstante, bajo la presunción de inocencia que cobija a todo colombiano sin distinción, algunos de esos uniformados siguen activos, aunque esta semana el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que adelantan una “revisión para tomar las decisiones que corresponden”.
Para Julia no dejan de ser mínimos los avances y reclama celeridad. Atiende esta entrevista apenas horas después de haber arribado a Puerto Leguízamo, tras protagonizar un plantón en Bogotá en búsqueda de respuestas. Sigue temerosa y ahora cansada. Pero en su rol de autoridad indígena –“Me tocó asumir a la brava”, dice–, sabe que su lucha es contra el silencio.
Recuerda, con un dejo de nostalgia y gracia, pero con la melancolía que la invade al invocar a los muertos, a “El duende”. Así llamaban jocosamente a una persona de talla baja que, entre tanto indígena y campesino, sobresalía en el Alto Remanso. Fue uno de los muertos y para Julia, lo que le hicieron retrata con creces las supuestas irregularidades que empantanaron el operativo.
“Le decían El Duende porque era pequeñito y con eso lo molestaban. Lo reconocí de inmediato cuando me mostraron las fotos. Y le pusieron un chaleco camuflado que le quedaba grandísimo para decir que era guerrillero. También armas (...) Al único al que no movieron fue al gobernador, pero de resto, a todos los movieron y les pusieron armas y camuflados”, reprocha.
Su relato evoca con inmediatez un capítulo penoso en la historia de Colombia: los falsos positivos. De hecho, pese a que la Fiscalía aún no enmarca lo ocurrido en una situación de ese calibre, la Procuraduría –que investiga disciplinariamente a 8 de los uniformados–, no vacila en calificar las conductas como presuntamente constitutivas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Para ese organismo, los militares no solo no discriminaron entre guerrilleros y población civil a la hora de su incursión a la vereda, sino que “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación, al igual que trasladar los cuerpos de su posición”.
“Nunca habíamos pasado por una cosa así, no creíamos que algo así pudiera pasar acá”, dice con rabia Julia, mientras se agarra el cabello y toma aire para evocar la desesperación que vino después. “Mi hija y mi hermana estaban en el bazar. Lo militares, mientras hacían todo eso, no dejaban entrar a nadie. Yo estaba cerca y traté de llegar en unos botes, pero no nos dejaron pasar. Íbamos mujeres embarazadas, niños, de todo. Y escuchábamos de lejos los tiros”, reclama.
Aunque Julia insiste en que durante el evento no había armados, Juan David Ayure, abogado de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y quien asesora jurídicamente a algunas de las víctimas, reconoce que había “al menos dos o tres personas” pertenecientes presuntamente a los Comandos de Frontera.
“La gente nos cuenta que llegaron en la madrugada dos personas con armas, pero ¿qué les iban a decir? ‘¿váyanse? Nos ponen en riesgo’. No, era muy difícil para unos civiles. Al parecer ellos sí tenían armas y respondieron con armas al Ejército, pero no tenían ningún poder de mando. Después de abatirlos, el Ejército siguió disparándoles a las personas. Ellos gritaban que había civiles, se tiraron al piso, pero las balas los alcanzaron”, explica el abogado.
La justicia, que ya comienza a andar, será la encargada de contrastar las versiones y determinar la verdad de lo ocurrido. En el entretanto, mientras le hace frente al olvido del Estado, pide celeridad de la Fiscalía y sigue ejerciendo como una de las autoridades indígenas, Julia sigue parada en la raya contra otro de los dilemas que desató la masacre: “Es tanta la pobreza acá que ya mucha gente se está haciendo pasar como víctima de lo que pasó para que los indemnicen y coger la platica para ellos. Es que las verdaderas víctimas estamos quietas, tenemos miedo”.
*Nombre cambiado por petición de la fuente
