En su última rendición de cuentas antes de dejar su cargo, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, advirtió que el desfalco a los Programas de Alimentación Escolar, PAE, ha continuado y desde 2015 a la fecha suman ya mas de 83 mil millones de pesos en procesos de responsabilidad fiscal.
Tan solo en la actual vigencia 2017-2018, el daño fiscal establecido fue de 2.940 millones de pesos y se están estableciendo otros por 7.000 millones de pesos.
En total, 154 procesos han llegado a los despachos del ente de control, que han involucrado en investigaciones a 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes y 45 exalcaldes.
Según la Contraloría, hay nueve tipos de acciones irregulares que se repiten y que les han dado la pista para iniciar procesos.
Entre estas se cuentan principalmente los cobros por mayor valor de las raciones frente al contratado, los sobrecostos en la estructuración del valor de la ración, los sobrecostos por concepto de impuestos, pagar raciones no entregadas o suministradas fuera de los días del calendario escolar, entregar soportes de pago inferiores al real y pagar por alumnos privados.
Así las cosas, los casos más graves se encuentran en los departamentos de La Guajira y Cesar. En el primero de los casos, desde 2015 se adelantan 15 procesos de responsabilidad fiscal por más de 20 mil millones de pesos. En el segundo, son 14 procesos por más de 9 mil millones de pesos.
Sin embargo, estos son indagaciones que no están concluidas y que el próximo encargado del ente de control fiscal deberá continuar.
Especialmente porque quedaron en fase de indagación preliminar otros 13 casos que suman más de 2,2 billones de pesos de presunto daño.
Estos indicadores fueron remitidos por el contralor a la entrante ministra de Educación, María Victoria Angulo, con la recomendación de implementar una política pública para este programa dirigido a niños de sectores vulnerables.
Esta voz se une a la del procurador, Fernando Carrillo, quien sugirió lo mismo argumentando que la cobertura actual del programa solo llega al 60 % a nivel nacional.
De hecho, en las cuentas de la administración saliente del Ministerio de Educación se cuenta que 85 de 95 Entidades Territoriales Certificadas tienen PAE contratado a la fecha.
No obstante, el principal reto será blindar el programa de la corrupción.
Para Pablo Sanabria, docente de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la U. de los Andes, “el problema es que es un programa muy grande, entonces aparte de tener un alto riesgo por el monto, también tiene riesgo la implementación porque recae al nivel local y hay muchos puntos donde se puede filtrar acciones corruptas”.
Agregó que no es necesario generar nuevos organismos o normas. “Como los entes intermedios tienen alto riesgo de politización, hay que pensar en que el control tenga menos actores, pero sea más transparente y poner en línea toda la cadena del programa”, concluyó.
