Al término de una Actuación Especial de la Contraloría General de la República, el organismo de control detectó un desorden administrativo total en la administración del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), respecto de los bienes incautados y que están a cargo del Estado.
La situación llega al punto de que, según la Contraloría, sólo se conoce el 26 por ciento de los bienes inmuebles que tienen medida o ya han sido extinguidos a las organizaciones delincuenciales, lo que genera excesivos costos de mantenimiento, pues muchos depositarios ni siquiera rinden cuentas a la entidad.
La Contraloría llamó la atención sobre el alto costo que representa el sostenimiento y mantenimiento de dichos bienes improductivos u obsoletos incautados y extinguidos sobre los cuales no se toman medidas de administración definitivas.
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