viernes
7 y 9
7 y 9
La presencia de los 53 militares de EE. UU. en Colombia que según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, arribaron al país a inicios del mes de junio pasado para brindar asesoría en la lucha contra el narcotráfico a sus homólogos colombianos, ahora tiene un nuevo capítulo.
La magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le abrió un incidente de desacato al presidente de Colombia, Iván Duque, acogiendo la petición de un grupo de 20 congresistas que señalan al jefe del Estado no cumplió con la orden de suspender cualquier actividad militar de esa brigada en el país, como lo ordenó un fallo de tutela del 1 de julio pasado.
“En consecuencia, el despacho dará apertura al trámite incidental contra la autoridad accionada, el señor presidente de la República Iván Duque Márquez y otorgará la oportunidad para que él se pronuncie y ejerza su derecho de audiencia y defensa”, reza la decisión de la jueza emitida ayer.
Conocida la decisión, EL COLOMBIANO consultó al alto Gobierno y desde la Casa de Nariño respondieron: “Claro que el gobierno se pronunciará dentro del término que le otorgó el Tribunal, el cual es de 3 días. El término vence el 20 de octubre de 2020”.
A su turno, el senador Iván Cepeda, uno de los congresistas que formuló la tutela, expresó ayer que Duque debe cumplir con la orden de llevar el debate de la presencia de tropas extranjeras al Congreso y suspender todas las actividades de los militares estadounidenses en el territorio.
“Esa es precisamente la actitud de incumplimiento del Gobierno, de permitir que esas tropas sigan activas”, expresó Cepeda.
La llegada de los soldados adscritos a la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad del Ejército de los EE. UU., (SFAB por sus siglas en inglés), generó que desde el Congreso se le reclamara al Ministerio de Defensa, en particular, y al Gobierno en general, por un asunto que, señalan los mismos congresistas, es de su competencia.
Este fue el primer capítulo de una serie de sucesos que llevaron a que el propio ministro Trujillo fuera citado por el Senado para que brindara explicaciones.
“Una vez cumplan el aislamiento se van a dividir en grupos más pequeños integrados por 10 u 11 (soldados). Irán a las fuerzas de tareas y el resto será el equipo de comando del grupo de asistencia técnica que ya está en Colombia”, expresó el funcionario el pasado 10 de junio, nueve días después de la llegada de los militares extranjeros.
Ante los corporados, Trujillo recalcó que por la llegada de las tropas extranjeras a Colombia el Gobierno no tenía por qué pedirle permiso al Congreso, pues no se trataba de un ejercicio militar, sino de un trabajo de cooperación.
Además, en rueda de prensa del 20 de agosto de 2020, Trujillo indicó que 69 congresistas habían informado al expresidente del Senado, Lidio García, que no veían inconveniente en que los 53 militares realizarán estas tareas de acompañamiento al Ejército colombiano. Pero, aldía siguiente, el mismo congresista solicitó a través de una carta que Trujillo que rectificara.
Conocida la decisión del Tribunal, la congresista María José Pizarro, otra de las firmantes de la acción de tutela, le dijo a EL COLOMBIANO que “es inadmisible que el Ejecutivo pase por encima del Legislativo y además faltando a la Constitución y al mandato que tiene en este caso el Senado de la República”.
En el ámbito jurídico, la abogada litigante egresada de la Universidad de Antioquia, Erica Hincapié Peña, explicó que la decisión del Tribunal de Cundinamarca sobre el presidente Iván Duque, busca que el mandatario de los colombianos demuestre en el término de tres días, si cumplió el fallo o la orden de tutela.
“Si el accionado (en este caso Duque) demuestra que cumplió el fallo dentro del término proferido, hasta ahí llega el incidente y el juez lo declara desierto, por lo que podría decir que no hay lugar a la sanción del artículo 52 del decreto 2591 del 91”, dijo la abogada.
Si por el contrario, explicó la jurista, se demuestra que no cumplió, entrarían las sanciones contempladas en la norma antes mencionada que irían entre seis meses de arresto y una multa de 20 salarios mínimos; sin embargo, aclaró Hincapié, “la pena quedaría a disposición del juez”.
Este diario estableció que la presencia de los militares de EE. UU. se da en algunas zonas rojas (ver Para Saber Más), donde las disidencias de las Farc, el Eln, el Epl y el Clan del Golfo mantienen las bases de sus economías ilegales.