Una verdadera tormenta política se desató después de que los presidentes del Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, enviaran una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciándose a nombre del Congreso sobre un concepto que emitió ese tribunal. Como respuesta, la oposición le envió otra carta, en la que desautorizó a Gomez y Arias.
Todo empezó porque la Corte IDH le había halado las orejas al Congreso, pues aunque el Legislativo modificó el proceso disciplinario en el país a través de una ley, siguió permitiendo que la Procuraduría retire a personas que ocupan cargos de elección popular. Así sucedió en 2013, cuando el exprocurador Alejandro Ordóñez destituyó a Gustavo Petro de su cargo como alcalde de Bogotá. Precisamente, tras resolver ese caso en 2020, la Corte IDH le pidió al Estado colombiano impedir que la Procuraduría tomar estas decisiones.
Pero la misiva firmada por Arias y Gómez puntualizó que “el Congreso de la República difiere” de la posición de la Corte IDH. Y argumentó que las facultades de la Procuraduría le dan herramientas al Estado para reforzar la lucha contra la corrupción (ver Radiografía).
Enojo en las bancadas
El documento de Arias y Gómez creó discordia entre los congresistas. El senador del Polo Democrático Iván Cepeda le dijo a este diario que en la Ley 5 de 1992 están claras las funciones de los presidentes del Congreso, que no incluyen hablar pronunciarse a nombre de todo el Legislativo.
Incluso, el propio Petro señaló: “no se trata de opinar sobre una sentencia, el Congreso estaba obligado a cumplirla”.
Más tarde se conoció que 22 congresistas de la oposición firmaron una nueva misiva en la cual le dicen a la Corte IDH que los argumentos esgrimidos por Gómez y Arias no representan al Congreso como institución.
Pero hubo otros senadores, como John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, que se pronunciaron a favor de la carta de los presidentes del Congreso e incluso le pidieron a la Corte IDH respetar la soberanía de Colombia.
Sobre esta polémica, Esteban Manco, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, dijo que la potestad de pronunciarse a nombre del Estado colombiano ante entes internacionales no le compete al Congreso, sino al presidente. “Para mí hay una extralimitación, que podría ser reprochada o denunciada ante los órganos de control”, dijo Manco.
EL COLOMBIANO contactó a la representante Arias, quien dijo que la vocería sobre este tema la tenía el senador Juan Diego Gómez, pero él tampoco contestó.
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