La demanda de nulidad fue presentada ante el Consejo de Estado por la senadora de oposición María Fernanda Cabal, quien reclamó por un supuesto abuso de poder.
En medio de la jornada de protestas impulsada este martes por el Gobierno de Gustavo Petro –en defensa de sus reformas y la convocatoria a una consulta popular–, fue interpuesta una demanda de nulidad contra el día cívico decretado por el Ejecutivo debido a un supuesto abuso de poder.
Así lo reclamó la senadora de oposición María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien aseguró que se trata de una presunta maniobra ilegal para supuestamente presionar a los funcionarios públicos a marchar en apoyo al Gobierno.
La demanda fue presentada ante el Consejo de Estado y en ella se advierte que el decreto de convocatoria fue gestado de manera arbitraria, incurriendo en presuntas irregularidades como desviación y abuso de poder, sumado a presión indebida de funcionarios.
“Ni la Constitución ni la ley contemplan la figura del ‘Día Cívico’. No le mientan al país ni siembren el terror. Petro no tiene el poder de decretar un día de vagancia para respaldar sus fracasadas reformas”, sostuvo la congresista.
Según Cabal, los servidores estatales solo pueden actuar dentro del marco que les permite la Constitución y la ley. “Todo lo demás está por fuera de cualquier esfera jurídica”, agregó, llamando la atención por “las múltiples promesas incumplidas del Gobierno en materia de infraestructura y desarrollo”.
Presidencia publicó este lunes el Decreto 0302, firmado por el presidente Gustavo Petro y varios ministros, en el que se declara como “Día Cívico para la Participación Ciudadana este 18 de marzo de 2025, con motivo de garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía de expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad”, según dice el documento.
El decreto, que generó polémica con algunos gobernadores y alcaldes, establece que las entidades públicas de la Rama Ejecutiva, tanto del orden nacional como en los niveles central y descentralizado, deberán adoptar “las medidas apropiadas para facilitar a las personas el ejercicio del derecho de manifestarse y reunirse, de manera pública y pacífica, en el marco del día cívico para la participación ciudadana”.
El decreto también exhorta a las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, a los entes autónomos y a las Ramas del poder legislativo y judicial a acogerse al día cívico.
“En virtud de su autonomía, las entidades territoriales certificadas junto con el Ministerio de Educación Nacional podrán adoptar las medidas pertinentes para la modificación de los calendarios académicos, de conformidad con la normativa aplicable”, dice el decreto.
El alcance, según el mismo documento, “es para las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de los niveles central y descentralizado, impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, de manera que el 18 de marzo de 2025 sea considerado como un día no hábil, laboralmente”.
