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Colombia | PUBLICADO EL 26 agosto 2021

Centros Poblados contraataca: demanda a MinTic por caducidad de contrato

  • El abogado Jorge Pino Ricci explicó los avances de Centros Poblados en su contrato con MinTic FOTO Colprensa
    El abogado Jorge Pino Ricci explicó los avances de Centros Poblados en su contrato con MinTic FOTO Colprensa
  • El abogado Jorge Pino Ricci explicó los avances de Centros Poblados en su contrato con MinTic FOTO Colprensa
    El abogado Jorge Pino Ricci explicó los avances de Centros Poblados en su contrato con MinTic FOTO Colprensa
Carlos López

En la reunión los abogados explicaron por qué se han presentado algunos retrasos.

La Unión Temporal Centros Poblados citó este jueves a una rueda de prensa para explicar, desde su punto de vista, lo que califica han sido avances en la planeación y ejecución de 7.277 Centros Digitales para escuelas rurales del país, trabajo para el que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la contrató.

Pero una posible pérdida de $70.000 millones de un anticipo para la ejecución del contrato tiene al Ministerio y a Centros Poblados en el ojo del huracán, por lo que ambas partes han salido a dar explicaciones de qué pasó con esos recursos públicos. Y sus versiones se contradicen.

En las declaraciones de este jueves, Jorge Pino Ricci, apoderado de Centros Poblados, y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal, aseguraron que no es cierto que no se estuviera ejecutando el contrato que pretendía llevar internet a 15 departamentos, y además reconocieron que se presentaron retrasos que dieron a conocer al ministerio público.

Por su parte, el abogado Luis Fernando Duque explicó en detalle el proceso de adjudicación del contrato para conectar por 11 años al Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada. La totalidad de lo firmado entre MinTic y Centros Poblados suma $1,07 billones.

En este caso, la defensa de estas empresas emprenderá otros recursos legales contra MinTic para que en un primer momento se busque la nulidad del acto administrativo, y posteriormente un reconocimiento a las utilidades que debieron recibir los contratistas por la ejecución de este proyecto.

Algunos retrasos

El defensor de la Unión Temporal añadió que dicho contrato no solo iba a conectar a las escuelas, sino a los lugares aledaños a ellas. Según Duque, esto representó un reto dado que hay zonas en las que no hay electricidad.

A su vez aseguró que el volumen de insumos para hacer las instalaciones y las labores de logística representaron otros retos para llevar a cabo lo pactado, ya que la pandemia y el paro nacional terminaron en problemas de escasez en diferentes insumos. Eso, en principio, sería la razón por la cual se retrasó la ejecución del proyecto.

Sin embargo, la Unión Temporal dijo que sí cumplieron con varias tareas que se pactaron en el contrato. Una de ellas fue la entrega de los documentos de planeación de instalación y los estudios de campo que tenían que ser realizados antes de la instalación de los puntos digitales.

“Decir que Centros Poblados no ha ejecutado el contrato no es cierto. Hicimos una tarea de acuerdo con lo fijado por MinTic. Se entregaron los estudios de campo en los tiempos establecidos y cuando empezamos a presentar inconvenientes por los temas de suministros se lo comunicamos al ministerio, porque eran problemas que podía presentar cualquier contrato”, comentó Duque. A día de hoy, según ellos, hay 1.002 Centros Digitales instalados por este contrato.

Recurso para afrontar al MinTic

El juez promiscuo de Puerto Colombia, Atlántico, dejó sin efecto la tutela, pocas horas después, en la decisión que había tomado de mandar al piso la caducidad del contrato. Incluso remitió el caso a un par suyo civil del Circuito de Barranquilla para segunda instancia.

Por tal motivo, Pino Ricci dijo que se irán por la vía de una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso del Consejo de Estado.

El abogado, de hecho, también indicó que el contrato con Mintic no podía tener cláusula de caducidad por ser atípico, por lo que según él, el ministerio incurrió en varias inconsistencias al presentar esa nulidad, además dijo que la ministra Karen Abudinen actuó como jueza en el proceso y negó las pruebas que les garantizaban a ellos su derecho al debido proceso.

Por su parte, la ministra Abudinen dijo que el Ministerio estaba “en una situación muy grave: el contratista no solo estaba retrasado, sino que descubrimos que presentó documentos presuntamente falsificados, lo cual constituye un delito penal. Ese mismo día, los denuncié ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la opinión pública”.

Debido a esto, el Ministerio confirmó la declaratoria de caducidad y ordenó a Centros Poblados el pago de la cláusula penal pecuniaria que asciende a $39.015.740.594.00. “Sobre ese tema se conoció que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia rechazó la acción de tutela interpuesta por Centros Poblados. Está claro que la estrategia de los contratistas es seguir dilatando las acciones que hemos tomado en este proceso”, concluyó Abudinen.

Carlos López

Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.

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