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Defensoría del Pueblo solicitó medidas cautelares ante la CIDH por el riesgo electoral en el país
De acuerdo con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, muchos servidores públicos y aspirantes para las próximas elecciones regionales, están en peligro.
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La solicitud de Camargo se dio por la actual situación de violencia que pasa en el país, con la que, según, no hay una garantía necesaria para la protección de los aspirantes a los cargos públicos. FOTO: Defensoría del Pueblo -
Son un total de 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados. FOTO: Defensoría del Pueblo -
El defensor del pueblo en conferencia. FOTO: Defensoría del Pueblo
01 de septiembre de 2023
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Nuevamente, dentro de sus alertas tempranas, la Defensoría del Pueblo es noticia tras solicitarle urgentemente medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la vida de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, personeros y quienes aspiran a un cargo en estas prontas elecciones regionales, estén a salvo.
Y es que, según la alerta del ente público, son un total de 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados al margen de la ley, en varias regiones del país.
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Las alertas provienen de Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca. Ahora, en un poco menos de dos meses, el próximo 29 de octubre, se llevarán las elecciones regionales y esta es la principal preocupación de la defensoría desde hace unos días.
“Le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año”, afirmó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Son un total de 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados. FOTO: Defensoría del Pueblo
Principalmente, la solicitud de Camargo se dio por la actual situación de violencia que pasa en el país, con la que, según, no hay una garantía necesaria para la protección de los aspirantes a los cargos públicos.
Además, no solo son los candidatos, también varias comunidades de esas regiones o lugares mencionados están atemorizados por esa situación.
“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, expresó Camargo.
Asimismo, el defensor Camargo destacó que el sistema de las Alertas Tempranas son muy importantes para Colombia, por eso reitero la solicitud de las medidas a las CIDH, para que se respalde y proteja a las personas que actualmente están en riesgo electoral.
¿Cuáles son los alcaldes amenazados?
De acuerdo con la información entrega por parte de la Defensoría del Pueblo, hay un total de 26 alcaldes de diferentes municipios en el país que han recibido amenazas serias de muerte y que están despachando desde otro lugar que no es en su municipio.
El defensor del pueblo en conferencia. FOTO: Defensoría del Pueblo
Los alcaldes amenazados son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).
Por otro lado, hay tres gobernadores amenazados, E
“No en vano, de manera preventiva, emitimos la Alerta Temprana 023 del 2023 para advertir los riesgos que pueden incidir en los comicios. Nuestro propósito es que sea mejorada la respuesta institucional, inmediata, con base en las recomendaciones que formulamos en la Alerta”, aseguró Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo, identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual significa que hay altas probabilidades de que ocurran hechos que vulneren los derechos humanos.
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Según esta entidad, las AGC o Clan del Golfo, están presentes en 392 municipios de 24 departamentos. Le sigue el Estado Mayor Central, estando en 234 municipios de 19 departamentos. También está el ELN, presente en 231 municipios y por último, la Segunda Marquetalia, que delinque en 65 municipios de 15 departamentos.
