Con el propósito de conocer los principales factores de riesgo y consecuencias de la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia, la Defensoría del Pueblo presentará un informe que recoge cifras históricas de este flagelo para analizar la actuación de las instituciones de cara a esta problemática teniendo en cuenta la prevención y atención.
La violencia sexual es entendida como la principal forma de maltrato infantil puesto que involucra todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA), además de impactar su bienestar físico, emocional, cognitivo y social.
Así mismo, esa violencia se representa no solo en acceso carnal o contacto físico violento con la víctima, sino que también se traduce en manipulación, utilización o facilitación para ofrecer actividades sexuales con menores. Sin embargo, según datos de 2021, el abuso sexual fue el tipo de violencia más alta porque alcanzó 15.673 casos, representando el 91,8%.
En ese recuento histórico que realizó la Defensoría, se encontró que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entre enero de 2017 y diciembre de 2020 se realizaron 81.440 exámenes médico legales por presunto delito sexual contra los NNA.
Posteriormente, durante la pandemia en el periodo comprendido entre 2019 y 2020, se presentó una disminución significativa del 32,0 % en el número de exámenes practicados.
Sin embargo, esa reducción, según las autoridades, esto puede explicarse por las condiciones de confinamiento y la dificultad para denunciar los casos de violencia sexual.
Así mismo, el informe resaltó que los adolescentes entre los 10 y 13 años de edad son a quienes más se les practica el examen médico-legal, cifra que representa el 38,1 % de los exámenes. Mientras que en el 2020 se registró un total de 18.054 exámenes por presunto delito sexual, de los cuales el 85,1 % fueron a niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 (15.370). En el 2021, se practicaron 18.478 de 22.607 en total.
En cuanto a territorio, el mayor número de exámenes se practicaron en Bogotá D. C. (17.144), Antioquia (11.081), Valle del Cauca (8.190), Cundinamarca (6.598) y Santander (5.065).
Según el estudio, con respecto al presunto responsable, se tiene que “los principales agresores suelen ser miembros de la familia, conocidos, pareja o exparejas; y las víctimas en su mayoría son mujeres, niñas y adolescentes”. Esa premisa es sustentada por el Instituto de Medicina Legal, que reportó que en el 50,6% de los casos el agresor es un familiar y en el 19,1 % personas conocidas. Así las cosas, el hogar del niño o la niña se convierte en el entorno con mayor riesgo.
El informe finalmente le hace un llamado a las instituciones del Estado para que tomen cartas en el asunto de manera urgente.
