Agencias de inteligencia de países latinoamericanos fueron hackeadas hace más de un mes por los “Guacamayan”, un grupo hacktivista tipo Anonymous que divulga información clasificada. En dicho ataque cayó la Fiscalía General Nación. Al principio negaron la filtración, pero hace diez días tuvieron que reconocer que habían sido vulnerados, aunque lo hicieron sin mayor aspaviento. La filtración es enorme: más de 5 terabytes de correos privados a los que ELCOLOMBIANO tuvo acceso.
En los “barbosa leaks”, como ya algunos tuiteros llaman a esta filtración, se encuentra correspondencia desde finales de 2009 y hasta mediados de este año. Se trata de información confidencial relacionada con varias dependencias como el CTI, la Sijin y el Gaula.
Además, en las filtraciones cayeron miles de correos de denuncias ciudadanas y derechos de petición; abundan, por ejemplo, las denuncias de casos de acoso sexual en la Fiscalía, en instituciones del Estado, colegios y universidades, además de quejas por maltrato intrafamiliar, solo para señalar la información tan delicada que está rodando por Internet.
Y como si no fuera suficiente, hay documentos sobre el funcionamiento de la Fiscalía: cuentas de cobro, pago de facturas, planeación de viajes de los agentes del CTI, pago de viáticos y hasta claves de correos electrónicos o de páginas de información como el Registro Único Empresarial (Rues). Y aunque parezca irónico, un gran conjunto de información son correos con sugerencias y consejos para buenas prácticas y cuidado de la información confidencial y la ciberseguridad.
Pero entre todo, lo que más llama la atención es la enorme cantidad de información sobre casos polémicos como las chuzadas desde el Ejército y la Policía, que fue revelada por Revista Semana hace varios años, el caso Odebrecht, y hasta los delitos de los exFarc Iván Márquez y Jesús Santrich.
Estos son algunos de los casos con más archivos en la filtración masiva:
Seguimientos por Escándalo de Estraval
Han pasado cinco años desde que la Fiscalía capturó a los fundadores y socios de la firma Estraval, quienes captaron más de 600.000 millones de pesos de inversores a quienes les prometían hasta el 150% en ganancias, y pese al tiempo las víctimas aún esperan una reparación. Este es uno de los casos con más menciones dentro del hackeo a la Fiscalía.
En 2017, el Gaula capturó a los fundadores César Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán (además de otros socios), quienes quedaron en libertad por vencimiento de términos en 2019. Pero todo el caso no quedó ahí: justo el pasado 7 de octubre la Procuraduría General de la Nación sancionó por más de $25.000 millones a exmiembros de la junta directiva del Banco Agrario por detrimento patrimonial en la compra de cartera de estas libranzas.
Varias aristas del caso aparecen en el documento. Por ejemplo, durante el proceso judicial de Bastidas y Mondragón, el teléfono móvil del abogado defensor Carlos Eduardo Borrero fue interceptado de manera ilegal por orden directa del fiscal Pedro Berdugo Saucedo durante 2016 y 2017.
La Superintendencia de Sociedades en enero de 2021 envió un correo al fiscal general Francisco Barbosa: “Pone en conocimiento documentos en los que señala que varias personas habrían incurrido en conductas reprimidas por la legislación penal”, haciendo referencia a las denuncias enviadas por Juan Carlos Bastidas Alemán y Pedro Harold Carvajal, dos de los procesados por la pirámide Estrategia en Valores S.A.
A mediados de 2016, los fundadores de Estraval contrataron a un grupo de abogados defensores para asistir ante el proceso de liquidación que se adelantaba en la Superintendencia de Sociedades. Entre los abogados defensores estaba Carlos Borrero como representante ante el trámite de liquidación judicial con la Superintendencia de Sociedades, y Juan Manuel Valcárcel encargado de los procesos penales.
Pedro Berdugo era el fiscal a cargo de la Fiscalía 22 especializada en dirección de antinarcóticos y lavados de activos —una de las fiscalías especiales que creó el exfiscal general Néstor Humberto Martínez—, tenía como pedido la investigación y acusación de presuntas conductas punibles durante las actividades comerciales de Estraval. Aunque hay fiscales como Berdugo que tienen la potestad de realizar interceptaciones sin orden judicial previa, pasó por encima de la norma que da garantías a las conversaciones entre abogado y procesado.
Esta orden de interceptación de las comunicaciones fue declarada ilegal en primera y segunda instancia por la Juez 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías y la Juez 8 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, es decir, que el fiscal no tendría en cuenta las garantías procesales y fundamentales que crea secuelas en el desarrollo jurídico, cayendo en el delito de prevaricato.
Quién realizó dicha denuncia fue Bastidas. En mayo de este año fue encontrado sin vida en su apartamento con una nota de despedida. Las autoridades tratan de esclarecer si se trató de un suicidio.
Los pagos externos por Ruta del Sol
Documentos de la Dian enviados a funcionarios de la Policía Judicial dejan ver el rastreo de las transferencias del Consorcio Constructor Ruta del Sol (CCRS) al Concesionario Ruta del Sol (CRS) desde 2010 hasta 2017, en uno de los casos de corrupción más sonados del continente, el de Odebrecht.
Las etapas I y II de la construcción de la Ruta del Sol estuvieron a cargo de dos consorcios liderados por la empresa brasileña Odebrecht. Como se sabe, la nuez del escándalo se centró en el soborno a funcionarios públicos y congresistas mediante invención de obras y contratos, hasta presunta desviación de recursos para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, cosa que ha sido desestimada por las autoridades.
Por ejemplo, hay constancias de cómo en 2010, el CCRS realizó 32 transferencias internacionales a Brasil, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Francia y China. Algunas de las transferencias a estos países son pagos de estadías en lujosos hoteles como el Crown Plaza de Panamá, Intercontinental de Miami, Hilton de Times Square en New York y el Hiatt Regency en Hong Kong, con un costo promedio por noche de $1’300.000.
Hay de todo. Se registra una transferencia a Paroal Limited, una empresa ubicada en Hong Kong y que funciona como offshore. Según las bases de datos chinas, la firma funcionaba desde 1991 hasta ser demandada y disuelta en 2020. Solo registró actividad en cambios de director y secretario en 2019.
También se encuentra la sociedad anónima Silley Development de Panamá, que recibió más de $6.000 millones. Según información panameña tiene como representante legal a Publio Agustin Zambrano, quien registra más de diez empresas similares a su nombre. En algunas funge como secretario o asistente. Además, sus movimientos financieros, muestran pagos de restaurantes lujosos y un constante uso de empresas de alquileres de taxis y limosinas alrededor del mundo.
Escuchas ilegales en la policía
Según un documento filtrado en 2016, existe una red de corrupción al interior de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), en la cual estarían realizando interceptaciones indebidas con el fin de extorsionar. Según la filtración, esto se estuvo o se estarían realizando desde la Sala Negra. Asimismo, se conoció en esos documentos que la Fiscalía realiza dos indagaciones a la seccional de investigaciones financieras y la Sala Oro, lugar desde donde se hacen la mayoría de interceptaciones telefónicas por medio de la Policía Judicial con orden de un juez de la Corte Suprema de Justicia.
Procesos abiertos a Ex farc “muertos”
Durante la celebración de las pasadas elecciones presidenciales, en mayo se envió un correo con órdenes de captura al Gaula de Medellín. Entre las órdenes figuran alias “Romaña”, “El Paisa”, “Jesús Santrich”, quienes tienen en común que, según fuentes oficiales, se encuentran muertos. Sin embargo, para el ente investigador sus órdenes de captura siguen vigentes, aunque las voces oficiales del anterior gobierno dieran el aviso que estos fueron dados de baja en operativos o hallados muertos en Venezuela.
Honorarios de contratos “chimbos”
Federico Gaviria –implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y el escándalo de Odebrecht–, en una de sus declaraciones contó cómo funcionaba el sistema de pago de honorarios y la procedencia. Todos los pagos de Odebrecht se realizaron por medio de cheques a empresarios que sirvieron de puente con otras empresas para la creación de contratos “chimbos”. Según el sentenciado, le entregaban entre uno y dos cheques semanales durante dos meses por medio de empresas que trabajaban en la zona franca de Bogotá y una inmobiliaria. Además, confesó que fue uno de los que ayudó a conectar a Odebrecht con el Grupo Aval.
Aún investigan marca de Pablo escobar
El hermano de Pablo Escobar, Roberto Escobar Gaviria y su socio Olaf Gustafsson, son investigados por la Oficina de Campo de Los Ángeles, que hace parte de la agencia de investigación criminal de Estados Unidos, por el presunto lavado de activos procedentes de actividades ilícitas. Dicha investigación se está realizando en alianza con la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la FGN. Olaf Gustafsson es socio y representante legal de Escobar Inc, una firma que mantiene el nombre y marca del exnarcotraficante, además, de realizar negocios con productoras como Netflix
