Más de dos meses después del terremoto que devastó municipios del Eje Cafetero y otras regiones del país, decenas de familias siguen sin saber cuándo recibirán las ayudas prometidas para pagar un techo. Mientras algunos afectados ya han recibido los primeros desembolsos, otros sobreviven gracias a familiares, vecinos y ahorros que se agotan.
Los casos son numerosos, entre ellos el de Isabel Estrada, una de las afectadas en Pereira. Hace días presenció cómo dos retroexcavadoras destruyeron los últimos cimientos de la casa en la que creció.
La manicurista de 36 años está inscrita en el censo de damnificados, pero todavía no recibe el subsidio de arriendo ni una ayuda para comprar vivienda. Después del terremoto del pasado 10 de agosto, tuvo que buscar dónde instalarse con su familia y terminó pagando $700.000 mensuales de alquiler, con ayuda de sus vecinos.
La situación se complicó cuando le informaron que también debía abandonar esa vivienda, pues será demolida debido a los daños estructurales de una casa contigua.
“El manejo que le ha dado el Gobierno ha sido pésimo. Yo estoy inscrita en el censo de afectados y no he recibido ni subsidio de arriendo ni para comprar vivienda. Me toca esperar a ver si en la próxima tanda me dan algo”, reclama en conversación con EL COLOMBIANO.
Su caso refleja las dificultades que enfrentan los damnificados que, dos meses después, siguen esperando que las ayudas estatales se traduzcan en una solución concreta.
Otro caso es el del profesor de idiomas Juan Pablo Arenas, uno de los beneficiarios de la primera tanda de subsidios. Antes del terremoto vivía en un apartamento del cuarto piso de la torre 13 de las multifamiliares del barrio Lorena, en Pereira. El edificio colapsó y cuatro de sus residentes murieron.
Arenas y su esposa recibieron el primero de tres subsidios de arrendamiento, por valor de $1.050.000, que cubre el 85 % del alquiler de su nuevo apartamento.
Sin embargo, el auxilio no ha llegado a todos los afectados. En barrios de Pereira y municipios como Quimbaya, las familias siguen esperando que sus nombres aparezcan en los listados de beneficiarios.
Funcionarios de la Alcaldía de Pereira, consultados bajo reserva de identidad, explicaron que la depuración de los censos y los trámites legales han ralentizado la entrega de los recursos. También señalaron las dificultades de coordinación entre los gobiernos local, departamental y nacional, en medio del cambio de mandatario en la Presidencia.
“Depurar las listas de damnificados no es tan fácil, porque no faltan los irresponsables que tratan de colarse. También hay que tener en cuenta que la articulación entre el gobierno local, regional y nacional tiene unas complejidades, a lo que se suma que el terremoto ocurrió en pleno cambio de mandatario en la Presidencia”, opina uno de los servidores públicos consultados.
Estas explicaciones dan cuenta de los obstáculos administrativos, pero no resuelven la incertidumbre de quienes necesitan pagar el arriendo y no tienen ingresos suficientes para hacerlo.
En el barrio Grisales, de Quimbaya, Karina Mejía, de 29 años, perdió buena parte de su casa, donde vivía con su esposo y sus dos hijos, de seis y nueve años. Mientras espera una solución, la familia permanece en la vivienda de su madre.
“De la Alcaldía solo nos regalaron unas tejas, pero no ha salido lo del subsidio de arriendo. Por ahora estamos viviendo donde mi mamá”, cuenta.
Su vecina Luz Mery Quiceno, una de las fundadoras del barrio, también cuestiona la falta de respuestas. Aunque al comienzo recibieron mercados y otras ayudas, asegura que la asistencia disminuyó con el paso de las semanas.
“Al principio tuvimos ayudas y hubo mucha solidaridad con los mercados, pero ahora nos olvidaron”, afirma.
La entrega de subsidios representa un alivio temporal para quienes perdieron sus viviendas, pero también plantea interrogantes sobre la continuidad de las ayudas y las alternativas para las familias que no pueden regresar a sus casas.
El alcalde de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez, informó que más de 70 familias quedaron sin vivienda en el municipio y que alrededor de 3.000 reportaron daños parciales en sus casas. Además, se estima que más de 14.000 personas resultaron damnificadas en una población de aproximadamente 50.000 habitantes.
El mandatario reconoció que la emergencia superó la capacidad de respuesta de un municipio de sexta categoría y destacó que Quimbaya fue el primer municipio del Quindío en recibir subsidios de arrendamiento del Gobierno nacional. No obstante, también pidió apoyo de las autoridades nacionales y departamentales para atender a las familias y recuperar los sectores afectados.
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Mientras tanto, Isabel Estrada sigue sin una respuesta sobre su futuro. La casa de sus padres ya desapareció y la vivienda que había conseguido para refugiarse también será demolida.
A la incertidumbre por el arriendo se suma el temor de perder el terreno donde estaba su hogar. La mujer asegura que debe permanecer pendiente del lote para evitar que alguien se apropie de él.
“ No sé dónde voy a vivir, pero no puedo irme de esta zona. La mayoría de los clientes que tengo de la manicure son de aquí y ahora más que nunca necesito trabajar”, dice.
Dos meses después del terremoto, el problema para muchos damnificados ya no es solamente reconstruir sus casas; es conseguir dónde vivir mientras esperan que las ayudas prometidas lleguen.
Lea la crónica completa aquí: A dos meses del terremoto, los sobrevivientes levantan el Eje Cafetero con su propio bolsillo y sudor
