La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en contra del exgobernador y excongresista antioqueño Luis Alfredo Ramos.
En una decisión de 154 páginas, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, ratificó la sentencia de la Sala de Primera Instancia con la cual fue condenado a siete años y nueve meses –emitida el año pasado– por cuenta del escándalo de la parapolítica en Antioquia.
Es de resaltar que Ramos, quien viene de celebrar este martes su cumpleaños número 74, ya pagó tres años de prisión. El 27 de agosto de 2013 se le dictó medida de aseguramiento, por la cual fue capturado 48 horas después y permaneció en prisión hasta el 23 de noviembre de 2016, cuando se le revocó la medida.
Frente a la decisión, EL COLOMBIANO se comunicó con el exgobernador y con su defensa para tener un pronunciamiento de esta decisión de la Corte, pero el primero dijo que “no conocía la decisión”, y los segundos se limitaron a indicar que deben analizar el contenido de la decisión para hablar.
En las últimas semanas, mientras se esperaba la decisión, a Ramos se le vio reunido en Medellín con el entonces precandidato a la Presidencia, Alejandro Char. La cita fue la primera semana de marzo.
De acuerdo al reciente fallo de la Corte, frente a este pronunciamiento de la Sala Penal no cabe recurso jurídico alguno.
El expediente Ramos
El 1 octubre del año pasado, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a Ramos por el delito de concierto para delinquir agravado. En su fallo, el alto tribunal detalló cómo fueron los nexos entre este exgobernador y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
En concreto, la condena fue por el apoyo que recibió de paramilitares para sus elecciones al Senado, en el año 2002, y para la Gobernación de Antioquia, en 2007.
Frente a esa sentencia, la defensa del exgobernador decidió presentar el recurso de apelación que este miércoles salió a la luz pública.
En él, la Corte recalcó que “está plenamente acreditado, que el doctor Ramos Botero se concertó con miembros de una asociación delictiva paramilitar, no sólo para promover su existencia, sino para aprovecharse de los apoyos que en diverso sentido le servían a sus aspiraciones electorales al Senado de la República y a la Gobernación de Antioquia”.
A esa conclusión llegaron gracias a las pesquisas que empezaron en 2011, en las que se le descubrieron a Ramos varias reuniones y apoyos que tuvieron como sede la finca Bellanita, ubicada en Bello.
En particular, el condenado tuvo citas con integrantes de los Bloques Héroes de Granada o Centauros, y con gente del Bloque Metro y el Cartel de la Gasolina, según la versión de los paramilitares Juan Carlos “El Tuso” Sierra y José Raúl Mira.
Para la Corte, lo cuestionable de esos encuentros no fueron las relaciones sociales que el exgobernador pudiera tener, sino el haberse articulado con un grupo armado ilegal para alcanzar propósitos electorales a lo largo de varios años.
Lo que viene ahora es que al ser una condena que no le permite prisión domiciliaria, un juez de ejecución de penas será el encargado de hacer las cuentas con los años que ya pagó, para así decidir si por tiempos es merecedor de cumplir su condena en un sitio de reclusión.
