La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le otorgó el beneficio de casa por cárcel a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) del gobierno de Álvaro Uribe, y condenado por el escándalo de la ‘Yidispolítica’.
Según pudo confirmar Caracol Radio, la decisión la tomó el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien concluyó que Moreno Villegas nació el 10 de agosto de 1959, lo que significa que tiene 66 años. Un año más de lo que dice la ley acerca de la máxima edad en la que una persona puede estar en prisión.
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Asimismo, la Sala resaltó que no se encontraron motivos para suponer que evadirá el cumplimiento de su pena.
“No hay razones válidas para suponer que el doctor MORENO VILLEGAS evadirá el cumplimiento de las obligaciones que la concesión del beneficio acarrea, no solo por su arraigo familiar, laboral y social, sino porque concurrió al proceso y acató los llamados de las autoridades judiciales en la fase de instrucción y juzgamiento”, indicó la Sala.
Moreno Villegas fue condenado a cinco años y medio de prisión por tráfico de influencias de servidor público, en medio del escándalo conocido como ‘Yidispolítica’. Además, de una multa de más de 140 millones de pesos y no podrá ocupar cargos públicos por casi siete años.
El alto Tribunal confirmó lo dicho en primera instancia. Es decir, que el exfuncionario jugó un rol crucial en el cumplimiento de varios compromisos que el Gobierno había adquirido con congresistas con el fin de que votaran a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe.
Todo en medio del escándalo de dádivas que miembros del gobierno de entonces otorgaron a personas cercanas a Yidis Medina Padilla, entonces representante a la Cámara, para que se pudiese aprobar una reforma constitucional que le permitió a Uribe gobernar entre 2006 y 2010.
La sentencia confirmó también que Bernardo Moreno se valió de su cargo para enviar hojas de vida y nombrar a personas cercanas a Medina en cargos regionales, como notarías, el Sena o la Red de Solidaridad Social (RSS, hoy Agencia Presidencial para la Acción Social), en medio de un “pacto ilegal”.
“El procesado no es un novato en la administración pública ni en cargos de dirección, sabía que estaba procediendo por fuera del marco constitucional, legal y reglamentario encomendado cuando asumió el cargo de director del DAPRE”, sentenció el fallo de primera instancia.
