La Corte Constitucional admitió estudiar una demanda en contra del Código de Policía que presentaron el Polo Democrático, el Partido Verde y varias organizaciones de derechos humanos, argumentando que atenta contra de la protesta social y que entrega excesivas facultades a la Policía Nacional para detener a una persona.
La Corte le solicitó a la Dirección Nacional de la Policía y sus distintos seccionales, la Presidencia de la República y los Ministerios de Salud, Interior, Justicia, Ambiente, el Icbf, diversas facultades de derecho y fundaciones para que rindan sus respectivos conceptos.
Lea aquí: Estos son los artículos aprobados en el nuevo Código de Policía
La demanda asegura que el Código de Policía afecta la libertad personal porque la Institución podrá disolver una manifestación pública cuando haya una “alteración de la convivencia”, sin definir exactamente qué hechos pueden considerarse una alteración.
Igualmente cuestionan que la Policía puede trasladar a las personas hasta por doce horas cuando se esté en estado de embriaguez o de sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando se esté involucrada en una riña, cuando se realice actividades de alto riesgo o cuando se agrede a una autoridad de policía.
En su criterio, estas normas permiten detener a ciudadanos sin orden judicial y trasladarlos en un carro de la Policía hasta por doce horas “sin haber cometido ninguna infracción, pudiendo ser llevados a un lugar que la norma califica como centro asistencial, hospital u otros, pero ni es claro a cuál lugar irán en cada de las tres hipótesis previstas en la norma y tampoco es claro qué sucederá con la persona trasladada”.
Lea aquí: Nuevo Código de Policía: ¿riesgo para la intimidad?
Los congresistas y las organizaciones de derechos humanos además demandaron la facultad de la Policía Nacional de trasladar forzosamente a los habitantes de la calle a hogares o centros de atención, si se encuentran bajo el efecto de sustancias psicoactivas que les vulneren su voluntad y que generen alteración de la convivencia afectando los derechos de los demás ciudadanos.
También se reprocha que no se haya fijado una sanción para los policías o servidores públicos que hagan señalamientos infundados contra manifestantes y se consideró inconstitucional que se permita que excepcionalmente las fuerzas militares intervenir en las acciones de contención de la protesta social.
