La crisis económica y social en Venezuela ha desencadenado un fenómeno migratorio sin precedentes en la región, en donde Colombia ha recibido a más de 1,2 millones de venezolanos, que se estiman podrían llegar a los 2 millones.
El Gobierno Nacional y varios sectores académicos, así como organizaciones internacionales, han asegurado que el fenómeno migratorio empieza a generar presiones fiscales, debido a la atención que se tienen que hacer de las graves condiciones sociales en las que llega esta población.
Es por eso que desde el Gobierno se han destinado recursos para atender a los ciudadanos venezolanos en materia de salud, vivienda, educación, entre otros, que han generado efectos en materia macroeconómica y que no estaban previstos por el país. De acuerdo con algunas proyecciones, este gasto adicional podría ser de entre 0,3 % y hasta 0,5 % del PIB.
“No está en el ADN colombiano rechazar a personas que están huyendo de la tragedia que está ocurriendo en ese país, sin embargo, tenemos unas implicaciones fiscales y su costo más o menos sería de 0,5 % del PIB anualmente. Hay unas circunstancias y escenarios en donde el fenómeno se puede deteriorar generando una mayor migración, pero lo que todos esperamos es que pronto se solucione el problema”, manifestó en su momento Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.
En ese sentido, bajo ese escenario y con una situación que parece no resolverse en el corto plazo en Venezuela, se ha planteado la posibilidad de flexibilizar la regla fiscal con el objetivo de brindar un espacio para que el Gobierno pueda cumplir con este compromiso, teniendo en cuenta el gasto que se viene haciendo.
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno debe cumplir con un reducción del déficit total de -2,4 % para 2019, - 2,2 % (2020), -1,8 % (2021), -1,4 % (2022).
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), reconoció esta semana la presión fiscal y los gastos que ha tenido que asumir Colombia para atender la migración y abrió la posibilidad de flexibilizar la regla.
“Debe mantenerse el firme compromiso de Colombia con la trayectoria de ajuste incorporada en la regla fiscal. Proporcionar un seguimiento independiente y un análisis técnico detallado de las repercusiones presupuestarias de la crisis migratoria, ya sea por el comité fiscal existente o por otro organismo, ayudaría a garantizar que cualquier decisión sobre la senda fiscal se base exclusivamente en motivos técnicos y esté aislada de otros debates presupuestarios”, indicó la Ocde.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha planteado la posibilidad de hacer una flexibilización de la regla fiscal ante el shock migratorio venezolano. Sin embargo, el organismo destacó que esas modificaciones deberían ser temporales y consecuentes con estos costos que está asumiendo el país.
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