“Ya fueron entregados a las autoridades venezolanas los primeros cinco expulsados que veían a Bucaramanga como juego: todos tenían antecedentes y pensaban que iban a seguir así, pero se equivocaron. Se vienen más deportaciones y expulsiones”, estas fueron las declaraciones realizadas en las últimas horas por parte del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien enunció el fortalecimiento de las labores de vigilancia y control migratorio en la Ciudad Bonita.
El mandatario indicó que se intensificarán los procedimientos para identificar plenamente y expulsar de la ciudad a migrantes que registren múltiples anotaciones ante las autoridades policiales y judiciales, por estar involucrados en delitos y situaciones que atentan contra la convivencia.
Sin embargo, este jueves Beltrán manifestó que hubo un “encontronazo” con el Gobierno Nacional, luego de su anuncio de reforzar los controles migratorios. El plan del alcalde generó controversia con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El mandatario local consideró que los procesos de expulsión les “ponen palos en la rueda”.
“Me limitan la capacidad”
De acuerdo con los datos expuestos por el alcalde de Bucaramanga, actualmente se tienen identificados cerca de 130 migrantes que registran múltiples anotaciones por problemas de convivencia y comisión de delitos.
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En la mayoría de estos casos, según lo informado, los extranjeros, en su mayoría venezolanos, registran entre siete y nueve llamados o procesos sancionatorios ante las autoridades.
“Me limitan la capacidad. Ya no puedo sacar 20 migrantes por mes, ahora solamente puede sacar cinco. Ya no los puedo llevar a Paraguachón (zona de frontera en La Guajira), ahora solo hasta Cúcuta”, indicó el alcalde Beltrán este jueves.
El mandatario de los bumangueses lanzó un llamado al Gobierno Nacional, “para que nos ayuden a recuperar la gobernabilidad, pero que no pongan palos en la rueda”.
Pese a dicha controversia, Beltrán sostuvo que estos procesos de expulsión se mantendrán, con cerca de cinco sancionados semanalmente.
En ese sentido aclararon que la única autoridad competente para realizar la deportación en el país es Migración Colombia. La deportación es la sanción oficial del país a un ciudadano extranjero que consiste en enviarlo a su país de origen o de procedencia, impidiéndole su regreso por un término determinado de tiempo, por haber incurrido en alguna falta en contra de la Ley migratoria establecida.
Además de Bucaramanga se han realizado, en las últimas semanas, las expulsiones de ciudadanos extranjeros que pretenden llegar a Medellín para cometer delitos sexuales con menores de edad.
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Estas medidas se reforzaron tras el escándalo que generó el caso de Timothy Alan Livingston, quien fue hallado en una habitación de un hotel en El Poblado con dos menores de edad y que dejó en evidencia la problemática que atraviesa Medellín por cuenta del turismo con fines de explotación sexual y drogas.
