La Contraloría General vinculó a un proceso por responsabilidad fiscal a una de las cuatro firmas que conforman la controversial Unión Temporal Centros Poblados.
Se trata de Intec de la Costa, empresa presuntamente responsable de haber incurrido en irregularidades en un contrato en el que también se perdió el anticipo, como pasó con los $70.000 millones extraviados de Centros Poblados y MinTIC.
Esta vez, la Contraloría encontró que Intec de la Costa, como uno de los integrantes del Consorcio Puente San Jorge 2019 –encargado de construir un puente militar sobre el río San Jorge (Sucre)– habría estado involucrada en la pérdida del anticipo pagado al consorcio, por un monto de $1.253 millones.
El órgano de control informó, además, que las pólizas del contrato están vencidas y que no se constituyeron correctamente. De hecho, la Alcaldía de Caimito, con la cual tiene el contrato suscrito dicho consorcio, advirtió desde hace tiempo la ocurrencia de varias irregularidades, concretamente, “denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio”.
Una de esas quejas fue la que recibió la Gerencia de la Contraloría en Sucre, la cual derivó en este proceso por responsabilidad fiscal. Una vez se hizo la auditoría, se encontró que “no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra”.
Para percatarse de lo que estaba pasando, a comienzos del año pasado, un ingeniero civil de la Contraloría verificó que la obra “se encontraba abandonada, sin ejecutar”.
Las pólizas vencidas
El contrato de interventoría entre el Consorcio y la Alcaldía de Caimito tiene también, de acuerdo con el órgano de control, “deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo”.
Por esto y la pérdida del anticipo fueron vinculados como presuntos responsables fiscales Intec de la Costa; Dialco Construcciones –con el otro 20 % de participación–; Walter Sánchez, el representante legal del Consorcio; Kevin Caly, Secretario de Planeación de Caimito para la fecha; y Víctor Ricardo Vega, como alcalde municipal en ese entonces.
También fueron vinculados Covilco, integrante del Consorcio Interpuentes 2019, el cual fungió como contratista ejecutor; y Javier Pereira, integrante de esta última unión.
En total, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $1.337 millones, los cuales corresponden al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.
En su comunicado dijeron que tanto en este caso como en la pérdida de los $70.000 millones están adelantando todas las tareas necesarias para hallar a los responsables fiscales de cada escándalo.
Por el entramado corrupto de Centros Poblados, aparte al proceso que lleva el órgano de control, la Fiscalía adelanta encuentros con involucrados en el escándalo, como es el caso del cerebro de esa maniobra, el contratista Emilio Tapia, quien ha revelado nombres de personas que le habrían ayudado a tramitar la póliza falsa para ganarse el contrato por $1.07 billones.
