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Nuevo proceso de responsabilidad fiscal contra expresidentes de Reficar

  • FOTO COLRPENSA
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16 de septiembre de 2021
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La Contraloría anunció este jueves la apertura de un nuevo proceso de responsabilidad fiscal contra la Refinería de Cartagena, Reficar. El monto asciende a $942.795 millones de pesos, por daño al patrimonio del Estado.

Esta cuantía, explica el ente de control, representan gastos efectuados por Reficar por fuera del periodo de inversión (CAPEX) que fueron llevados como asociados al proyecto de modernización de la planta de la refinería entre junio y diciembre de 2015 (US$9.240.927 ) y de los años 2016, 2017 a 2018 (US$12.447.618) en los cuales no se distingue cuál fue su destinación, ni su destinatario.

Entre los vinculados a este nuevo proceso están tres expresidentes de la Refinería de Cartagena: Reyes Reynoso Yánez, Amaury De la Espriella y Adolfo Tomás Hernández (en calidad de encargado), además de Carolina González Carrillo, Mauricio Ramírez Terrassa, Jaime Eduardo Cabllero Uribe, Ana Isabel Choucair Cárdenas y Fernando Cordón López, estos últimos vicepresidentes financieros entre 2017 y 2019.

Vale recordar que, en abril de este año, dos expresidentes, tres exvicepresidentes, así como siete exmiembros de la junta directiva de Reficar, fueron hallados –en primera instancia– responsables fiscalmente por la Contraloría de este caso.

La Refinería de Cartagena inició su ampliación en 2007 y se inauguró en octubre de 2015, con un retraso en su entrega de 27 meses, que generó un lucro cesante de $1.936 millones, como indicó la Contraloría en 2016. Aunque originalmente contó con el respaldo de la empresa suiza Glencore International A.G. –que en un primer momento tuvo el 51 % de Reficar– y Ecopetrol (49 %), en 2009 Glencore se retiró por cuenta de la crisis económica mundial de la época, quedando Ecopetrol con el 100 % de la sociedad.

En 2017, la Procuraduría inició un proceso disciplinario con la intención de indagar si en la renovación de Reficar hubo irregularidades en el manejo de los recursos. Sin embargo, en 2020, archivó la investigación contra 20 de los funcionarios, incluidos varios exmiembros de la Junta Directiva. Consideró que de no haber seguido adelante con la construcción de la refinería, se habría perdido de manera irrevocable el dinero invertido hasta el momento.

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