“A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, se lee en el artículo 241 de la Constitución de 1991. Es decir, los constituyentes crearon la Carta Magna y a su guardiana.
Por eso, 30 años después de promulgado el texto, EL COLOMBIANO entrevistó al magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, presidente de ese Alto Tribunal.
¿Cuál ha sido el principal aporte de la Corte Constitucional en sus casi 30 años?
Contribuir a hacer realidad el pacto fundamental de convivencia que alcanzamos los colombianos en 1991. En particular, proteger efectivamente los derechos de las minorías; de las mujeres; de las niñas, niños y adolescentes; promover la igualdad y la garantía de los derechos de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta.
Ello ha sido posible porque la Corte se ha tomado en serio su papel de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. Recordemos que, de un lado, la Corte Constitucional debe garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico al decidir sobre la constitucionalidad de los actos legislativos, las leyes, los decretos con fuerza de ley, los decretos legislativos, entre otros. Y, de otro lado, debe hacer la revisión eventual de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela, que se ha convertido en el mecanismo más efectivo para la garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales.
Para hacerse a una idea de la magnitud del trabajo realizado por la Corte, es necesario tener en cuenta que a junio de este año la Corte Constitucional ha estudiado 14.299 demandas de inconstitucionalidad, 391 decretos legislativos, 465 leyes aprobatorias de tratado, 164 objeciones gubernamentales y 50 proyectos de leyes estatutarias. También, ha proferido 6.860 sentencias de constitucionalidad y más de 19.000 sentencias de tutela en sede de revisión.
¿Se ha abusado de la tutela?, y si es así, ¿Cuáles han sido las implicaciones y cómo evitarlo?
La acción de tutela se convirtió en nuestro país en la principal herramienta de defensa de los derechos fundamentales. Por eso será que cuenta con una imagen favorable del 86%. Este mecanismo constitucional hizo posible que incluso los colombianos más humildes pudieran acceder a la justicia para reclamar sus derechos, sin necesidad de apoderado, sin formalismos y sin necesidad de tener conocimientos técnicos o especializados.
Por las anteriores razones, la acción de tutela se convirtió en el medio más eficiente de conocimiento de la Constitución de 1991 entre los colombianos, porque hoy las personas saben que tienen derechos fundamentales y que tienen una acción constitucional para defenderlos. Es decir, la Constitución no es un simple texto jurídico, sino que es una norma que contiene las reglas fundamentales de convivencia, que constituye una garantía de los derechos y un límite a los abusos del poder.
Ahora, volviendo a la pregunta, considero que el uso creciente de la tutela más que representar un abuso, lo que muestra es que existen causas muy profundas que obligan a las personas a recurrir a la acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales. Entre 1996 y 2019, la tutela creció hasta representar hoy el 27% de la demanda de justicia. Esto nos permite ver que en Colombia hay una alta vulneración de derechos, pese a su reconocimiento en la Constitución. Deberíamos poner el foco en las autoridades que con sus acciones y omisiones obligan a las personas a acudir ante los jueces para reclamar la protección de sus derechos. Y, con mayor razón, en aquellas que, además de incumplir sus obligaciones, incumplen los fallos de tutela. El gobierno, en todos sus órdenes, y los organismos de control tienen en esta materia un desafío importante.
¿Le gusta la propuesta de unificar las Cortes, o considera que el esquema actual es el adecuado?
Lamentablemente no le puedo responder esa pregunta porque se trata de un asunto respecto del cual, eventualmente, la Corte podría tener que intervenir.
¿Por qué ha bajado el prestigio de la Corte en los últimos años?
Es evidente que existe una crisis generalizada de credibilidad en las instituciones y la justicia no es la excepción. La Corte, por su parte, ha tenido que decidir controversias sobre asuntos muy complejos en materias que dividen a la sociedad, lo cual inevitablemente genera críticas de quienes tienen un punto de vista diferente.
Nuestro deber es garantizar la supremacía e integridad de la Constitución y esa tarea, en ocasiones, no es suficientemente comprendida. También tenemos limitaciones a la hora de comunicar nuestras decisiones. Estamos trabajando para fortalecer nuestra capacidad de comunicar y, así mismo, de realizar nuestra labor con mayor transparencia, como, por ejemplo, la publicidad de las audiencias de selección de tutelas, así como la publicación de nuestros patrimonios y de las actividades y relaciones susceptibles de causar conflictos de interés. En los últimos años hemos ampliado los canales de rendición de cuentas y de publicidad de los trámites y procedimientos a cargo del Tribunal.
También hemos trabajado en acercar la justicia al ciudadano. Durante el proceso de modernización de nuestra Corporación hemos comprendido que las Altas Cortes deben implementar diversas estrategias para acercar la ciudadanía a la justicia. Hoy, no es suficiente que las decisiones sean publicadas en la relatoría de nuestros canales oficiales, sino que tenemos la responsabilidad de informar en lenguaje claro, pedagógico e incluyente, en atención a los matices socioculturales que están presentes en nuestra sociedad. Por eso, hemos diseñado proyectos como el de “Derechos en el territorio” que inició en 2020 con un plan piloto de cinco decisiones judiciales traducidas a 26 lenguas indígenas. Gracias a la gran acogida que ha tenido esta iniciativa por parte de la sociedad, durante la presidencia actual pudimos ampliar el ejercicio de adaptación cultural de decisiones judiciales de la Corte Constitucional. Esta vez, también estamos involucrando a pueblos afrodescendientes y raizales, y empezamos a crear contenidos para los niños y las niñas de estas comunidades étnicamente diferenciadas.
¿Cómo transformó la Constitución a la sociedad colombiana?
Habría que comenzar por recordar cómo era Colombia antes de 1991 y cuáles eran los principales desafíos a los que se enfrentaba nuestra sociedad. En particular, no se puede olvidar que la constituyente fue la respuesta a la violencia generalizada y a la incapacidad del Estado para tramitar el conflicto social. Por tal razón, la Constitución de 1991 fue una renovación del contrato social, un nuevo pacto fundamental de convivencia, que nos trazó un nuevo camino y nos devolvió la esperanza. Ese pacto consistió esencialmente en adoptar un nuevo modelo de organización política, el Estado social de derecho, y un nuevo modelo de democracia, participativa y pluralista. Proclamamos la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, ampliamos la carta de derechos y consagramos acciones constitucionales para su defensa, abrimos canales de participación en la vida económica, social y política, ampliamos la democracia, y definimos nuevas reglas para integrarnos tanto al interior de nuestra nación como con el resto del mundo. Ello, indudablemente, cambió el rumbo de nuestro país. En el campo de la justicia, adoptamos sustanciales cambios para enfrentar con mayor eficacia la criminalidad con la creación de la Fiscalía, por una parte, y para garantizar la protección judicial de los derechos fundamentales con la acción tutela, por la otra, en virtud de la cual los colombianos adquirimos un poder transformador de nuestra realidad.
Ese impacto ha sido posible porque la Constitución no solo se concibió como norma aplicable directa e inmediatamente, sino con un contenido sustancial que condiciona la validez de las otras normas y ha sido capaz de modelar las relaciones sociales.
¿Cree que nuestra Constitución va a durar mucho tiempo, o por el contrario cree que todo el movimiento social que se está gestando podría derivar en una nueva Asamblea Constituyente?
Esa es una valoración que no puedo realizar como juez constitucional. Lo que sí le puedo decir es que ese pacto fundamental de convivencia que nos ha unido en los últimos 30 años merece que cada colombiano, cualquiera que sea su posición en la sociedad, realice todos los esfuerzos para hacerlo posible y realizar los fines del Estado social de derecho.
Para terminar, quiero recordarles a los lectores que este año es muy importante porque tienen lugar dos hechos históricos que marcaron la edificación de nuestro Estado nacional: los 30 años de la Constitución de 1991, y el bicentenario de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, que puede considerarse como la primera constitución nacional, republicana, completa y permanente de Colombia (para ese momento la Gran Colombia). Este año nos convoca entonces a recordar la historia constitucional de nuestro país. Para ello la Corte ha programado diferentes actos conmemorativos: charlas mensuales sobre historia constitucional, un foro para celebrar los 30 años de la Constitución de 1991 que se realizará el próximo miércoles 7 de julio y, finalmente, el XVI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional entre los días 6, 7 y 8 de octubre, que celebrará el bicentenario de la Constitución de 1821. Estos eventos están orientadas al análisis de la Constitución, como pacto fundamental de convivencia que nos une, en perspectiva histórica.
14.299
demandas de constitucionalidad han sido resueltas por la Corte.
