La alta consejera para la juventud, Gabriela Posso Restrepo, deberá pagar una multa de cinco salarios mínimos y un arresto domiciliario de cinco días tras no cumplir con una sanción impuesta por el Juzgado Tercero Civil de Ibagué.
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La funcionaria, que a sus 26 años de edad es uno de los rostros más jóvenes del Gobierno, incurrió en desacato luego de que el juzgado le exigiera retractarse de ciertas acusaciones y ella no lo hiciera en los términos que dicta la Ley.
Según el tutelante, Posso escribió a través de su cuenta de Twitter que estudiantes de la Universidad del Tolima eran víctimas de “hostigamiento y persecución” por parte de la Secretaría General de la institución y, aunado a eso, trinó que la “información sensible de 200 estudiantes y colectivos habría sido remitida a fuerzas del Ejército”.
Tras las delicadas afirmaciones, Posso fue entutelada por el actual secretario de esa universidad, Andrés Felipe Bedoya, para que se retractara de esas afirmaciones en las que ella no logró entregar pruebas.
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Una vez el Juzgado tuvo el caso en sus manos, falló en contra de ella y le ordenó enmendar su error con la Secretaría General de la U. del Tolima.
Pese a eso, la retractación de Posso fue ambigua. Tras la decisión judicial, la secretaria para la juventud eliminó los trinos en los que hacía las acusaciones y publicó la siguiente afirmación: “Me permito precisar que los trinos realizados sobre la U Tolima iban encaminados a solicitar a las autoridades competentes investigar los hechos denunciados por medios de comunicación. En ningún momento se juzgó a nadie o se insinuó tener pruebas”.
Bajo ese contexto, el secretario Felipe Bedoya alegó incumplimiento porque “la rectificación no se hizo en los términos ordenados por el Juzgado Tercero Civil de Ibagué”, como reza en los documentos oficiales.
Según él, Posso no admitió que “no contaba con pruebas para haber afirmado que información sensible de estudiantes fue remitida al Ejército” por parte de su Secretaría.
En ese mismo trámite judicial, el Juzgado también sancionó a Camilo Andrés Guzman Ramírez, el editor de dos medios locales que publicaron la información aún sin tener material probatorio.
Tanto él como la secretaria de juventud deberán pagar los cinco días de arresto domiciliario y la multa por 5.800.000 pesos.
