Los presidentes de la Cámara y el Senado, Rodrigo Lara y Efraín Cepeda, aceptaron el llamado de urgencia que hizo el presidente Juan Manuel Santos para que, en las cuatro semanas que le quedan al fast track (vía rápida) sesionen de lunes a viernes, incluidos los días festivos.
Esto con el fin de sacar adelante la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la reforma política electoral.
Según el presidente Juan Manuel Santos, aún faltan varias leyes relacionadas con la implementación, pero el énfasis especial se encuentra en la JEP.
A partir del próximo lunes el Congreso tendría un total de 19 días para evacuar los proyectos mencionados, pero no será una tarea fácil.
El Centro Democrático y Cambio Radical están alineados en la oposición, y dentro del Partido Conservador hay sectores que ya tienen dudas, y que se han empezado a acercar a la campaña del exvicepresidente Vargas Lleras.
El fast track entró en vigencia el pasado 30 de noviembre, y disminuye a la mitad los trámites de los proyectos legislativos relacionados con la implementación del Acuerdo. La Corte avaló su uso, y ratificó que tenía un plazo de seis meses, prorrogables por otros seis.
¿Por qué a última hora?
David Suárez, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Eafit calificó este llamado de Santos como tardío, agónico, desesperado. “Es un proceder típicamente colombiano, dejar todo para última hora”.
Según la politóloga Nury Gómez, especialista en Comunicación Política, el gobierno no tiene capacidad de negociación con los partidos que alguna vez fueron parte de la Unidad Nacional. Agregó que esa pérdida de poder le deslegitima a semanas de iniciar campañas electorales.
“El llamado fast track de aprobación inmediata destrabaría avance de JEP, pero no frena el avance de campañas políticas de contraste para enrarecer el ambiente político. Santos no tiene como negociar con el Congreso y solo queda un milagro de cálculo político para pupitrazo limpio”.
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