Un grupo de once médicos fueron condenados en primera instancia por falsificar un diploma que los acreditaba como especialistas en cirugía plástica y estética de una universidad de Brasil.
Ocho de ellos argumentaron que el fallo es injusto y ya radicaron un documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el que pretenden acceder a medidas cautelares.
“El rector de la Universidad, el director del programa y varios profesores de la Universidad Veiga de Almeida de Brasil declararon dentro del proceso que los médicos sí cursaron el programa, que estaba acreditado y que, en virtud de que cumplieron todos los requisitos se les expidió el respectivo título”, señaló Juan Camilo Sanclemente, abogado de los 8 médicos en diálogo con este diario.
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La Fiscalía, por su parte, señaló en un comunicado que los médicos aportaron documentos falsos en los que afirmaban que habían cursado un programa de intensidad de 2.616 horas.
“Sin embargo, quedó acreditado que no cumplieron con los requisitos exigidos por el centro educativo y estuvieron en ese país por cortos periodos”, insistió la Fiscalía.
La decisión de primera instancia fue tomada por un juez de conocimiento del circuito de Bogotá. El grupo de once médicos fueron encontrados culpables de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos hasta por cinco años.
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“Los integrantes del área de convalidación de títulos del Ministerio de Educación también declararon dentro del proceso y señalaron que toda la documentación presentada por los médicos cumplía con los requisitos que en su momento exigía el Ministerio”, añadió Sanclemente.
El caso está en los estrados desde noviembre de 2019. Pero la polémica viene incluso de antes. Gina Parody, ministra de Educación durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando conoció el caso envió una comisión experta a Brasil y determinó que los médicos habían accedido legalmente a la convalidación de sus títulos, al menos bajo los parámetros que exigían las autoridades entonces bajo la resolución 5547 de 2005.
El fallo de primera instancia cobijó a los médicos Giovanni Cortés Montealegre, Marco Antonio Vergara Calero, Gerardo Rojas Gómez, Alfredo Rodríguez Figueroa, María Mónica Martínez Martínez, Rubén Darío Arciniegas Martínez, Juan Fernando Abadía Silva y Henry Diego Fernando Ortiz Silva (defendidos por Sanclemente) y Víctor Manuel Jaramillo Torres, Javier Locano Botero, Rodolfo Albeiro López Zapata,
“Los médicos no tuvieron acceso a un juicio justo y equitativo, ya que no se consideraron adecuadamente las pruebas de la homologación y la validez de los documentos presentados”, señaló el abogado.
El grupo de médico pidió a la CIDH que intervenga para que la justicia colombiana le entregue garantías de derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la Educación, al Trabajo y a la integridad personal.
