En 46 sentencias de los jueces de restitución de tierras se han compulsado copias a 33 empresas por supuestamente adquirir predios, obtener concesiones de títulos mineros, servidumbres o hipotecas sobre tierras despojadas a víctimas del conflicto armado.
Así lo revela uno de los informes entregados ayer por Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, a la Comisión de la Verdad.
“El propósito es contribuir a que la Comisión pueda llegar a explicar cuáles fueron los patrones del desplazamiento y el despojo de tierras en todo el país”, señaló Vega, al tiempo que aseguró que el informe, que también será entregado hoy a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, es una revisión detallada de las 3.960 sentencias que han emitido los jueces.
Además, el lunes, la JEP recibirá el informe sobre el despojo de tierras en Urabá.
“En algunos eventos, se encontró que las víctimas fueron secuestradas y bajo cautiverio les obligaron a suscribir documentos para transferir la propiedad y, en otros casos, los grupos armados ocupaban militarmente el predio para obligar el abandono forzado y la posterior venta”, dijo Vega. Estos hechos se produjeron en nueve departamentos.
Lo magistrados, cuando revisaron los casos, determinaron que ninguna de las empresas acreditó buena fe exenta de culpa, ordenándoles restituir las tierras a sus verdaderos dueños.
El otro informe da cuenta de las dinámicas de desplazamiento, despojo y abandono, en el que se incorpora una matriz con los detalles de todas las sentencias de restitución en más de 300 municipios, y las respectivas compulsas de copias enviadas a la Fiscalía con relación a las personas naturales vinculadas al despojo.
Y aunque varias de esas sentencias datan de hace varios años, “de la Fiscalía hasta ahora no tenemos nada en absoluto”, advirtió Vega.
