Las cárceles del país están a reventar. El promedio de hacinamiento en los centros de reclusión del territorio nacional es del 50 %, mientras que Antioquia, por su parte, resulta inmanejable con un 80 %.
La alarmante cifra fue revelada durante el Encuentro Regional de la Corte Constitucional y la Procuraduría, realizado ayer en Eafit, en el que se analizó la vulneración de derechos fundamentales de la población privada de la libertad, un problema que Colombia lleva cargando 20 años y que, según las intervenciones de los invitados al evento, hoy no tiene atisbo de solución.
El problema no solo afecta las cárceles, sino que se ha extendido a los centros de detención transitoria o salas de paso. Allí la situación es tan grave que, de acuerdo con datos revelados en el Encuentro por la Personería de Medellín, en la estación de Policía de Belén, por ejemplo, cada detenido permanece en un espacio de 40 centímetros cuadrados, mientras que la estación de Castilla solo hay 47 centímetros por persona.
Durante su intervención en el evento, el procurador general, Fernando Carrillo, afirmó que “el país se enfrenta a una verdadera tragedia en la que parece que nadie está haciendo nada” y además, señaló que “el Plan Nacional de Desarrollo que puso el Gobierno sobre la mesa propone más de lo mismo y no parece que estuviéramos buscando una solución efectiva”.
Para el procurador, muestra de ello, es el “incumplimiento extremo” de responsabilidades por parte de los entes territoriales frente al deber de garantizar los derechos fundamentales de los internos, lo que “para nadie es un secreto”, e informó que esa entidad adelanta indagaciones a 28 alcaldes y gobernadores en el país, que se habrían mostrado negligentes para atender la crisis.
Finalmente, el procurador explicó que en su concepto, lo que requiere el país es la construcción de una política criminal que atienda “todos los males. Hay que romper la lógica de que lo penitenciario es un infierno en el que nadie se quiere meter, que nadie quiere resolver”, declaró.
Por su parte, la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, afirmó que si bien el tribunal ha sido insistente en tomar decisiones y sentar jurisprudencia sobre la situación, no se ha podido encontrar una solución definitiva porque “la Corte ha hablado, pero la eficacia del derecho es insuficiente”.
Ortiz recordó que una persona privada de la libertad establece una relación de sujeción al Estado y eso incrementa la responsabilidad de los entes públicos, en la garantía de sus derechos.
“Pero hay que comprender que el sistema penitenciario está interconectado, no depende de una única autoridad. De ese sistema hacen parte los jueces”, indicó y explicó que cuando se emiten fallos que ordenan cerrar un centro penitenciario por no garantizar los derechos de los internos, se traslada el problema a los centros de detención transitorios.
“Por eso en el Auto 110 de 2019, la Corte le dice a los jueces que es su responsabilidad ponderar los derechos que se afectan. El cierre de un centro penitenciario tiene que ser una medida excepcional”, concluyó.
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