Gobierno conseguiría abogado internacional para militares en Haití

La Cancillería pidió un proceso jurídico para los colombianos que cuente con garantías.

Haití no descarta que los colombianos sean juzgados por un tribunal internacional. FOTO COLPRENSA

El gobierno colombiano se pronunció nuevamente sobre la situación de los militares colombianos retirados que permanecen bajo custodia en Haití, señalados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse y pidió un proceso jurídico justo.

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aseguró que el Gobierno Nacional ha manifestado su preocupación porque el proceso contra los colombianos no se ha iniciado y planteó que se están pidiendo todas las garantías para su defensa.

“Todavía no hay ningún juez que tenga asignada esa investigación ni una defensa jurídica todavía. Por esa razón he insistido ante el embajador haitiano en Colombia y ante las autoridades en que necesitamos cuanto antes contar con un abogado”, expuso Ramírez.

En ese sentido, la alta funcionaria planteó que el país está contemplando la posibilidad de conseguir algún abogado internacional que defienda a los militares retirados en un eventual juicio en su contra.

“Estamos viendo la posibilidad de conseguir algún abogado internacional, inclusive colombiano, que conozca la legislación haitiana y que al menos pueda tener el apoyo de un abogado haitiano porque el proceso tiene que hacerse en Haití”, apuntó la canciller.

Haití piensa en tribunal internacional

Por otra parte, Ramírez aseguró que el país tiene preocupación por la debilidad institucional de Haití, por lo que hay incertidumbre sobre quién adelantará el proceso para juzgar a los militares retirados.

“Si hubiera algún organismo que lleve este proceso con la transparencia, objetividad y garantías del debido proceso, el Gobierno apoyaría esta medida porque lo otro es un escenario de incertidumbre y negación del derecho a la defensa”, apuntó la funcionaria.

Cabe resaltar que el gobierno haitiano solicitó la semana anterior colaboración a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la comunidad del Caribe, contemplando la creación de un tribunal especial para juzgar a los colombianos por el crimen de Moïse.