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Colombia aumentó acciones para frenar la coca

ONU señaló al país de ser el primer proveedor mundial de esta droga, pero EE. UU. reconoce la lucha del Gobierno contra el narcotráfico.

  • Nariño es el departamento donde más cultivos de coca hay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Nariño es el departamento donde más cultivos de coca hay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
27 de junio de 2019
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El fantasma del crecimiento desmesurado de los cultivos de hoja de coca en Colombia parece haberse alejado, o por lo menos estancado, como lo afirma la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés), en el último monitoreo presentado ayer.

La reducción de los cultivos de uso ilícito, que pasaron de 209.000 hectáreas en 2017 a 208.000 en 2018 (1.000 menos según la ONDCP), es atribuida a varios factores por este organismo, entre los que reconoce el esfuerzo gubernamental por atacar estructuras ilegales que se lucran del narcotráfico y sus múltiples estrategias para producir cocaína.

Jim Carroll, director de la ONDCP, aseveró que desde el inicio de labores con el presidente Iván Duque para frenar este delito, se logró reducir “significativamente” el incremento de los cultivos y la producción de cocaína.

“La asociación entre nuestros dos países debe permanecer fuerte mientras luchamos para cumplir nuestros objetivos, combatir a quienes se benefician del tráfico de drogas y evitar que el flujo de drogas mortales llegue a Estados Unidos”, dijo Carroll.

Gobierno sacó pecho

Hace apenas tres meses el presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó a su homólogo colombiano los pocos avances en detener la producción y el envío de cocaína a EE.UU: “no ha hech0 nada”, dijo el 29 de marzo, y agregó: “hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo que antes de que fuera presidente”.

Ayer, con el informe en la mano y como queriendo pasar la página a las palabras de Trump, el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, sacó a relucir las cifras en la gestión de la lucha contra el narcotráfico del Gobierno que representa: en 2019 se han destruido 3.000 laboratorios de coca, 2018 cerró con la erradicación de 60.000 hectáreas, y el primer trimestre de 2019 arrancaron 36.093 hectáreas de hoja de coca.

“Recibimos con complacencia el anuncio de la ONDCP que confirma que logramos romper la tendencia de crecimiento en las hectáreas con cultivos de ilícitos en Colombia. Eso no pasaba hace seis años. Este triunfo se lo debemos a los 100 grupos móviles de erradicadores que nos están ayudando y a los 139 pelotones del Ejército y la Policía que les dan protección a estas personas para que no sean atacadas por los grupos delincuenciales”, expresó Botero.

A su vez, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, expresó que este pronunciamiento desde EE. UU. es muy positivo porque reconoce y muestra que las políticas del Gobierno del presidente Duque “logra romper la tendencia creciente de manera exponencial de cultivos ilícitos”, y agregó que demuestra la confianza y el apoyo entre ambos países para lograr la disminución de las plantaciones de la hoja de coca.

Colombia: mayor proveedor

Pese a los aires de triunfo en el Gobierno ante el informe positivo de la ONDCP, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, UNODC, entregó su versión sobre otro aspecto que no es tan positivo para Colombia en materia de cultivos de uso ilícito.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el representante de la UNODC en Colombia, Pierre Lapaque, aseveró que ante el aumento del consumo y la demanda de la cocaína y otras drogas en el mundo, Colombia es el mayor proveedor.

Este informe publicado ayer, horas antes del entregado por la ONDCP, señaló que la mayor parte de cocaína del mundo proviene de Colombia donde, en 2016, se incrementó la fabricación a unas 866 toneladas, “lo que supuso un aumento más de un tercio con respecto a 2015”.

El documento de UNODC registró que de las 213.000 hectáreas de plantaciones de hoja de coca cultivadas en el mundo, el 69 por ciento, es decir, 146.970 hectáreas, se encontraban en Colombia.

“Cuando hay un mercado hay una demanda y hay un aumento a nivel mundial de la demanda de todas las drogas y, en Colombia, que tiene desafortunadamente una historia de producción de drogas, están metidos los grupos criminales en el mercado y están haciendo mucho dinero. A nivel mundial hacen cerca de 80.000 millones de dólares al año”, indicó Laparque.

En el documento, UNODC resalta que este aumento obedeció “a varios motivos relacionados con la dinámica de mercado, las estrategias de las organizaciones de narcotraficantes y las expectativas de algunas comunidades de recibir indemnizaciones por la sustitución de los cultivos de arbusto de coca, así como a la reducción de las intervenciones de desarrollo alternativo y de la erradicación”.

¿Hay solución?

Desde Lisboa, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó una aseveración que levantó revuelo en el país: para controlar mejor la droga, hay que legalizarla.

“Hay que reinventar esta guerra contra el narcotráfico y las drogas, y una de las formas más efectivas es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas y racionalizarlo para poderla controlar mejor”, dijo.

Sin que esta idea terminara de cruzar el océano, el canciller colombiano, Carlos Holmes, rechazó desde Medellín en la Asamblea de la OEA la propuesta de Santos.

“Lo que hay que hacer es fortalecer el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. Andar haciendo esas propuestas que parecen inteligentes y audaces, le hace mucho daño a esta lucha. Esto es una responsabilidad de todos, y el enfoque integral y equilibrado significa que cada uno de los países que tienen que ver con cualquiera de los eslabones de la cadena tienen que adelantar una tarea muy fuerte contra esto”, dijo Holmes.

La crítica no llegó solo del ministro de Relaciones Exteriores. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, expuso a través de su cuenta de Twitter que Santos “la legalizó de facto y dejó al país lleno de drogadicción, microtráfico y la violencia derivada”.

Frente a una posible legalización, Lapaque señaló que es un tema de cada nación. Sin embargo, en el ámbito mundial hay rechazo a esta propuesta.

“Se necesita una política integral que trabaja a nivel de la educación de los campesinos, de la gente. En la justicia, una justicia penal con trabajos de la Policía, de los fiscales, y eso es absolutamente fundamental para trabajar con cooperación internacional, porque aquí no son los campesinos los delincuentes sino los grupos internacionales que están haciendo tanto dinero con el tráfico de las drogas”, enfatizó Lapaque.

Aparte de la legalización, en el país ha vuelto a escucharse una propuesta para la reducción de las plantaciones de la hoja de coca y es volver a las aspersiones con glifosato, acciones que iniciarían a finales de agosto si el Consejo Nacional de Estupefacientes da luz verde a esta iniciativa.

“Lo que se ha venido haciendo es avanzar en el cumplimiento de los protocolos definidos por la Corte Constitucional. Avanzamos en las líneas de precaución, en todas las líneas de análisis, en exámenes técnico- científicos para tener todas las herramientas a disposición”, afirmó el presidente Iván Duque hace una semana.

Frente a esta propuesta, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, expresó que las fumigaciones aéreas con el herbicida trae más impactos ambientales y sociales que otro tipo de erradicación.

“Su aparente eficacia se contrasta con impactos de larga duración, como lo son, el impacto en los suelos y aguas que reciben la fumigación. En particular, la recuperación de la fertilidad de los suelos es muy lenta, y la restauración de la vegetación natural se ve seriamente afectada. De otra parte, la dinámica de la fumigación produce un fenómeno de desplazamiento poblacional”, expresó Botero.

Mientras el debate crece, desde las regiones reclaman más atención estatal. José Santa, vocero de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Nulpa y Mataje, expresó que al Alto Mira y Frontera, en Tumaco, no llegaron los beneficios planteados por el Gobierno tras la erradicación voluntaria, y los campesinos deben sortear el estigma que les deja el cultivar la hoja de coca para subsistir.

Infográfico
Colombia aumentó acciones para frenar la coca
139
pelotones de Ejército y Policía protegen a 100 grupos de erradicadores: MinDefensa.
80
mil hectáreas es la meta a erradicar en 2019 según el programa de la Presidencia.
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