El clientelismo y la injerencia política son dos puntos que la organización Transparencia por Colombia logró desenterrar de la actual reforma a la Salud tras escudriñar entre los artículos que están en espera de aprobación, lo que podría ser, a futuro, un foco de corrupción y favoritismos o de pagos de favores a políticos de turno.
Adelantándose a los hechos tal y como se adelanta un vidente a la historia, Transparencia por Colombia vaticinó que de no crearse mecanismos de control para el artículo 43 de la reforma a la Salud que se debatirá en la plenaria del Congreso, se podría caer en un círculo en el que cada cuatro años los alcaldes y gobernadores pondrían a dedo los directores de los hospitales y centros de atención en salud.
La hipótesis fue planteada por Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, quien expuso ante el Congreso de la República los peligros de la reforma a la Salud del Gobierno Petro medidos con la vara de cero tolerancia a la corrupción.
“Esto crea un riesgo altísimo de injerencia política en la designación de los directivos de las ISE, así como riesgos de clientelismo en el nivel territorial. En otras palabras, cada cuatro años cambiaríamos de alcaldes y gobernadores. Por lo tanto, cambiaríamos de directivos de las ISE y, por lo tanto, de personal dependiente de modelos de prestación de servicios. Ese es un punto muy preocupante”, dijo Hernández.
Aunque el artículo en mención indica que para que los mandatarios locales elijan a los encargados de los centros hospitalarios se debe cumplir con “previa verificación del cumplimiento de requisitos y calidades establecidos en la presente ley”, Transparencia Pública advierte que en el proyecto no hay ningún enunciado que hable de herramientas para caer en el círculo vicioso del clientelismo.
Otra dura advertencia
Hernández no solo centró su exposición en el carrusel de entrega de puestos al que podría llegar la reforma a la Salud del presidente Gustavo Petro. En su discurso, el director de Transparencia por Colombia lanzó una dura advertencia sobre la posible pérdida de fondos que podría darse en el empalme entre el sistema anterior de Salud y el nuevo en caso de ser aprobado, en un punto que llamó “riesgo de opacidad de la información”.
La alerta se da sobre el tratamiento del presupuesto que se daría a los fondos en la nueva reforma a la Salud y que arrastraría con el lastre de 67 casos de corrupción registrados entre 2016 y 2020 en este sector, lo que generó pérdidas de 1,63 billones de pesos del erario público.
“Es muy importante crear una estrategia de transparencia presupuestaria que abarque la totalidad de las fuentes de financiación del sistema, permita la trazabilidad en tiempo real del uso de los recursos por parte de todos los actores”, advirtió Hernández.
Estas dos observaciones se suman a las otras realizadas por los partidos de oposición, lo que le ha hecho el camino más difícil a la reforma bandera del Gobierno de Petro.
