La exalcaldesa Claudia López tiene hoy una cita en la Corte Suprema por una investigación contra los candidatos del Partido Verde al Congreso durante campaña.
Aunque la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, renunció a su permanencia en el Partido Verde hace pocas semanas por una supuesta toma del petrismo a la colectividad, hoy tendrá que declarar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por una investigación que viene avanzando desde hace varios meses por una denuncia sobre posibles cuotas políticas al interior de la administración de Bogotá, mientras que se hacía la campaña al Congreso.
La investigación busca responder a la pregunta sobre si pudo haber delitos de congresistas aforados que estaban reeligiéndose u otros que iban a ser por primera vez representantes y senadores con relación al aprovechamiento de contratos por prestación de servicios en la Alcaldía de Bogotá. Según la denuncia, estas personas fueron contratadas por diferentes entidades de la Alcaldía, pero en realidad sus funciones eran apoyar a los candidatos en la organización de eventos políticos, logística y estrategia para la campaña.
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EL COLOMBIANO conoció algunos detalles de la investigación que salpica a la representante Katherine Juvinao. Esta insiste en que siempre pidió a su equipo de campaña cumplir a cabalidad con las reglas legales y niega cualquier aprovechamiento de contratos con Bogotá. Una persona que trabajaba con el distrito hizo parte al mismo tiempo de su equipo de campaña y hay denuncias por otro contrato paralelo en una Alcaldía Local.
La investigación inició por cuenta de las denuncias de quienes entonces eran dos concejales del Verde, pero opuestos a la alcaldesa López, que hoy tienen altos cargos en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno de ellos es el actual superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y el otro es el viceministro del Interior, Diego Cancino.
Las denuncias señalaban que había un posible uso de las entidades del distrito para pagar favores políticos a concejales que votaban proyectos a favor de la Alcaldía y luego para los candidatos cercanos a la alcaldesa en tiempo de elecciones. Los concejales declararon a la Corte, pero no llevaron pruebas concretas de sus propias acusaciones.
Esta denuncia se dio al mismo tiempo que el senador Miguel Uribe expuso un crecimiento extraño en el presupuesto de Bogotá para los contratos por prestación de servicio antes de las elecciones de octubre de 2023. De acuerdo con Uribe, la administración de Enrique Peñalosa dejó alrededor de 31.000 contratistas y la de la alcaldesa Claudia López terminó con más de 70.000, pasando a un rubro de 1.7 billones de pesos en ese gasto, con un amento del 70 % en el presupuesto. Solo hablando de contratistas por prestación de servicios.
La alcaldesa deberá contestar hoy las preguntas de la magistrada investigadora.
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