Por presuntas irregularidades en un proceso contractual, los presos de las cárceles de San Andrés, El Bosque en Barranquilla, Magangué, Malambo y Sabanalarga no tendrían asegurada su alimentación debido a que la empresa encargada de dar los suministros de alimentos no ha dotado las instalaciones con los elementos necesarios.
El contrato, que tiene como objeto suministrar los alimentos a los reclusos, es muy disputado en el país, ya que la suma asciende a casi 5 mil millones de pesos. Esta adjudicación que se entrega a 30 empresas para cubrir la necesidad en distintas zonas del país, presenta al parecer una irregularidad en las cárceles antes mencionadas.
Según Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías, en este proceso se presentaron reparos con algunos proponentes, entre ellos con la empresa Alianza QTC que, según Bustos, “ganó la licitación de forma dudosa”.
La licitación fue abierta por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, adscrita al Ministerio de Justicia. Esta empresa debió presentar certificaciones de experiencia en el tema y según el director de la Red de Veedurías llegaron a última hora y no se presentó la verificación y aún así fueron aceptadas.
“Como consecuencia de la improvisación hay unos problemas, ya está firmado el contrato y no se ha provisto la infraestructura para preparar los alimentos en los centro carcelarios”, dijo Bustos.
Hasta este domingo estos centros carcelarios no habían sido dotados de cocinas, estufas, ollas, lavaplatos, entre otros, para que se pudieran elaborar los alimentos de los reclusos.
La empresa Servicios y Suministros CJVN SAS que tenía el contrato, según la denuncia, retiró su infraestructura aunque al parecer también hubo problemas, pues en la cárcel de San Andrés les habrían prohibido la entrada, según informó Alejandra Vega, representante de la firma.
Entre las irregularidades denunciadas por la Red de Veedurías está una certificación que la empresa presentó por servicios prestados a 3.500 empleados, que incluía el suministro de alimentos. Sin embargo, en las declaraciones no aparecerían los aportes de honorarios ni parafiscales.
El contrato, que ya empezó a regir, tiene una vigencia de 11 meses y debe cumplir con brindar los suministros alimenticios a los cientos de presos que se encuentran en estas cárceles.
