No paran las reacciones tras el fallo de la Procuraduría que destituye e inhabilita por 14 años para ejercer cargos públicos a Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Daniel Quintero, y a 12 años a los ex subsecretarios Juan Daniel Pulgarín y Fredy Agudelo, por presuntas presiones a contratistas para que aportaran dinero de sus honorarios para financiar el proyecto político del exalcalde.
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El fallo del órgano de control se conoció este lunes 19 de mayo, pero el caso fue denunciado por María del Pilar Rodríguez, exfuncionaria de la Alcaldía, desde 2021, cuando se presentaron los hechos. Para recordar el relato, la mujer aseguró que citaron a varias personas de la Secretaría de Inclusión Social, donde Ramírez era secretario y Pulgarín subsecretario de Grupos Poblacionales, a una reunión informal en un apartamento en El Poblado.
“Se robaron a Medellín”: Federico Gutiérrez
Cuando llegaron, era un domingo, vieron que la casa estaba vacía, solo con sillas para atenderlos, les quitaron los celulares y los guardaron en una caja transparente. El anfitrión del lugar habría sido Agudelo, quien era subsecretario de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios para la época de los hechos.
Luego les hablaron sobre los aportes económicos mensuales que debían hacer, desde $20.000 hasta $200.000 según los honorarios de cada contratista, para financiar la aspiración presidencial de Quintero en 2026. Pero además, en dicho encuentro, según la Procuraduría, se pidió a los servidores públicos un aporte en dinero que osciló entre los $300.000 y $1 millón como membresía a la corporación “El futuro se parece a nosotros”, por medio de la cual debían hacer las transferencias.
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Tras conocerse la decisión de la Procuraduría hubo varios pronunciamientos celebrando el fallo, que es en primera instancia y será apelado por los sancionados. Uno de los que se refirió al tema fue el alcalde Federico Gutiérrez, quien llamó la atención frente a que este es solo uno de los casos de presunta corrupción que quedaron de la pasada administración y recordó que con su llegada en enero de 2024 entregaron a las autoridades alrededor de 600 hallazgos por presuntos malos manejos de recursos y corrupción.
Así se refirió a los exfuncionarios de Quintero: “No hay uno que se salve, son unos sinvergüenzas, se robaron a Medellín, está cada vez más claro y lo dice la justicia. Todos esos hallazgos que entregamos, más denuncias que ya venían, más los 650 hallazgos, nos está dando la razón día a día, porque además ellos son cínicos, como digo yo, detrás de ladrón bufón”. El alcalde recordó que por distintos hechos ya son alrededor de 40 exfuncionarios de la pasada administración, incluido Quintero, que han sido imputados por la Fiscalía en distintos procesos.
El alcalde Gutiérrez también recalcó lo que en otras ocasiones ha dicho: varios de esos exfuncionarios de Quintero terminaron en distintos cargos en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, aliado político del exalcalde desde hace años.
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“Y algo más preocupante, ese tipo hoy, que fue ayer destituido (Ramírez), inhabilitado por la Procuraduría en 14 años, tiene un alto cargo en el Gobierno Nacional de Petro. Es que el escampadero de los que se robaron a Medellín es el Gobierno Nacional. Allá están todos, en grandes cargos. Entonces, definitivamente, lo del Gobierno Nacional, lo de Petro jamás fue la lucha contra la corrupción, todo lo contrario. Se volvió la sombrilla de los peores corruptos del país”, señaló Gutiérrez.
Finalmente, el mandatario distrital tiró una frase que ya ha dicho en otras ocasiones sobre este tema: “Lo de los hermanos Moreno Rojas se queda chiquito cuando se robaron a Bogotá, lo de esos hermanos Moreno Rojas se queda chiquito en comparación con el robo de sus hermanitos aquí en Medellín, chiquito. Y espere que viene más, seguramente, porque hay muchas más denuncias establecidas”.
Además del fallo disciplinario de la Procuraduría, la denuncia por las presuntas presiones a los contratistas en esa reunión fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, pero la denunciante Rodríguez dijo que esta no ha mostrado mayores avances.
En el caso de la Procuraduría, por todos los hechos a Ramírez le formularon dos cargos: “Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista” y “ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante”, ambas calificadas provisionalmente bajo la imputación subjetiva de dolo. A Pulgarín y a Agudelo les formularon solamente este último cargo.
Aunque los investigados negaron en los descargos su responsabilidad en los hechos, el Ministerio Público falló en su contra en esta primera instancia ante las distintas pruebas que se recopilaron en el proceso, entre las que también se encuentran los testimonios de otros exfuncionarios que conocieron la situación. Los destituidos pueden apelar ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
