Luego de la tormenta que generó la publicación de la revista Semana del reportaje “Chuzadas sin cuartel”, en el que detalló cómo desde el Ejército se habría interceptado de manera ilegal a políticos, magistrados y periodistas, las reacciones no han parado.
Ayer, el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército hasta el 27 de diciembre, rompió su silencio y publicó un comunicado en el que defendió su inocencia y sus acciones al frente del Ejército.
Martínez aseveró que se trató de “una decisión personal y por razones familiares”, el mismo argumento con el que se anunció su salida. También calificó la información de “tendenciosa”, y dijo sentirse “consternado y adolorido por la vulneración de mis derechos, por el manejo oportunista”.
Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, ofreció una rueda de prensa, en la que respaldó la versión de Martínez sobre los motivos por los cuales dejó el Ejército. Trujillo insistió en que “serán las autoridades las encargadas de tomar las decisiones que correspondan en derecho”.
Entretanto, el fiscal general (e), Fabio Espitia, señaló que ya dialogó con Trujillo para recibir los avances de la investigación adelantada por esta cartera sobre las chuzadas realizadas por inteligencia del Ejército. Además, dijo que el caso lo llevará la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema y afirmó que la investigación es “contra las personas incursas en conductas irregulares”.
En la tarde, la Corte Suprema de Justicia publicó un comunicado en el que calificó las chuzadas como una amenaza al Estado de Derecho.
“Estos hechos, de comprobarse, constituyen un atentado contra la independencia judicial”, escribió el presidente del alto tribunal, magistrado Álvaro Fernando García.
