Desde el Congreso advierten que la falta de información, así como de argumentos sólidos, han impedido que los proyectos del gobierno de Gustavo Petro avancen y logren mayorías.
Al enrarecido ambiente político y técnico que rodea al sector salud en el país, por cuenta de la reforma y la advertencia de una desfinanciación del sector, se le sumó este lunes una alerta de alto nivel. El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, señaló al presidente Gustavo Petro de estar destruyendo el sistema de salud y le puso el rótulo de “aliado” en esa supuesta cruzada al contralor encargado Carlos Mario Zuluaga.
Gaviria —en cuyo periodo se expidió la Ley 100, que modificó el sistema de salud a como se conoce hoy en día— hizo estas críticas por medio de una carta que le envió a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. Allí, señaló que el Gobierno “ha decidido ignorar su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud” y ha retrasado repetidamente el pago corriente de los presupuestos máximos a las EPS, lo que llevaría a un colapso económico del sistema actual.
Así mismo, cargó contra el contralor (e) Zuluaga, de quien dijo que “buscando permanecer en su cargo” presentó un informe sobre el sector “con fallas técnicas y jurídicas tan evidentes que solo sirve al Gobierno para asumir las funciones de las EPS y llevar a cabo, de facto e ilegítimamente, la reforma que no ha podido completarse en el Congreso”.
Lo anterior, por cuenta de un informe presentado por ese ente de control en el que se advirtió que, de cinco EPS, solo cinco cumplirían con los requisitos para operar. Si bien organismos como Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) han criticado las conclusiones, para los opositores al Gobierno el informe terminó dándole gasolina al Ejecutivo para sacar adelante su reforma.
En esa línea, el expresidente Gaviria reclamó que el Gobierno “no dispone de los puestos de salud necesarios preparados para desempeñar su papel como el elemento central a partir del cual debería funcionar todo el sistema, tal como lo concibió el gobierno basándose en principios ideológicos en lugar de atenerse a las estipulaciones constitucionales”.
Aun cuando funge como encargado desde junio de 2023, en general la opinión de los congresistas frente al contralor Zuluaga es positiva y nadie en público se atreve a poner en duda su independencia. Sin embargo, hay quienes reclaman mayor contundencia y vigilancia en su actuar, al tiempo que se preguntan con suspicacia por qué, a diferencia de otras cabezas de entes de control, el presidente Petro no ha emprendido una batalla política en su contra.
“Uno ve al presidente Petro muy enérgico quejándose por una fiscal encargada, pero no dice nada de que no haya en propiedad un contralor y que el que esté sume más de medio año”, manifestó un congresista del Centro Democrático que pidió no ser nombrado.
Quien sí habló con nombre propio fue el senador Honorio Henríquez –del Centro Democrático y que hace parte de la Comisión Séptima– quien, en diálogo con este diario, presumió “de la buena fe de Zuluaga”, pero instó a que la Contraloría tenga “un papel de mayor control y vigilancia, en particular con los temas de la salud”.
Por su parte, el senador Nicolás Albeiro Echeverry (Partido Conservador) declaró que el contralor terminó en la mitad de una discusión política y que comparar su caso con el de la fiscal encargada, Martha Mancera, no es del todo acertado. “El contralor está en ese cargo por una sentencia judicial mientras se resuelve un litigio. Con la fiscal cuestionan que desde hace varios meses se presentó la terna y no se ha elegido. Pero la elección del contralor no depende del Congreso, sino del concurso que se haga”, explicó.
Lo cierto es que hay quienes advierten que el enrarecido ambiente político que se vive desde ya tiene como origen las afugias que estaría enfrentando el Gobierno para sacar adelante sus reformas, con todo y que la legislatura arrancó hace más de 15 días.
“Con la reforma a la salud, por ejemplo, todavía hay muchos vacíos en información. No es posible que una reforma de tal magnitud haya pasado su debate en Cámara sin que se conozca su concepto fiscal, más que cuánto vale, es de dónde va a salir la plata”, aseguró a EL COLOMBIANO la representante Katherine Miranda (Alianza Verde).
En ello coincidió el también representante verde Duvalier Sánchez, quien admitió que las reformas no avanzan al ritmo que quisieran en Casa de Nariño. “Las reforma no van en carro, ni moto. Van en una bicicleta estática. La actitud no puede ser todo o nada, negro o blanco, se necesita evidencia y el Gobierno carece de profundidad en su defensa”, explicó.
“No se ven consensos, ni liderazgo del Gobierno en las explicaciones de los grandes proyectos”, declaró a su turno el senador Echeverry.
El tiempo corre y desde el Gobierno son conscientes que este semestre será decisivo para adelantar sus reformas y lograr un exitoso trámite. De allí la necesidad de contar con aliados que ayuden a darle empujones a los controvertidos proyectos. ¿Bastará con incondicionales y socios?
Las órdenes de la Corte Constitucional
En febrero el alto tribunal le dio dos órdenes al Ministerio de Salud sobre las deudas con las EPS que, por cierto, contradicen las declaraciones del ministro Guillermo Jaramillo y el presidente Petro. La primera fue el 2 de febrero, cuando señaló que sí había deudas con las EPS por Presupuestos Máximos y le ordenó crear un modelo de cálculo para estimarlos mejor. La segunda fue el 26 de febrero, cuando le ordenó pagar a las aseguradoras los recursos que se aprobaron en el Acuerdo de Punto Final (un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud) que están en mora.
