Ayer fue un día de contrastes para el proceso de paz. Mientras en Quito, Ecuador, la Celac formalizaba el apoyo a los diálogos, en Washington, Estados Unidos, la ONG Human Rights Watch, se reunió con funcionarios de la Casa Blanca para expresar su preocupación por el acuerdo sobre Justicia entre las Farc y el Gobierno colombiano.
Aunque la pobreza y la inequidad en Latinoamérica fue el tema central en la jornada inaugural de la IV cumbre de la Celac, la negociación en La Habana fue un asunto obligado.
En el discurso de apertura, el presidente anfitrión, Rafael Correa, aseguró que “entregamos una Celac con toda la capacidad de apoyar la verificación del acuerdo del cese al fuego y dejación de armas en Colombia”.
Así mismo se escucharon diferentes voces de apoyo de otros mandatarios, que afianzaron el compromiso que tienen los países latinoamericanos con los avances reportados desde Cuba. Su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, dijo que su nación “hace votos para que Colombia alcance la paz y se pone a disposición para acompañar y apoyar el proceso”.
Panamá, por medio de su mandatario, Juan Carlos Varela, también anunció su respaldo e interés de ser uno de los integrantes de la comisión que vigilará el fin del conflicto.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos se mostró agradecido por los gestos de solidaridad y luego de sostener una reunión privada con todos los jefes de Estado, afirmó: “la Celac quedó incluida como la fuente del personal que se va a requerir para cumplir con esta responsabilidad. Y todos los países de América Latina y el Caribe estuvieron de acuerdo y dispuestos a participar, cosa que no solamente nos complace muchísimo sino que agradezco porque esto lo que hace es acelerar todo el proceso”.
El mandatario también aclaró que a la ONU “le corresponde escoger de dónde va a provenir el personal de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su disposición, entrenar ese personal y llevarlo a terreno para iniciar lo más pronto posible”.
Quejas llegan a Casa Blanca
Mientras los mandatarios regionales se reunían en la Celac, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, acudió a una cita en la Casa Blanca, con el propósito de hablar con funcionarios del gabinete de Barack Obama sobre el acuerdo de Justicia y Víctimas entre el Gobierno colombiano y la insurgencia.
Antes de ese encuentro, Vivanco declaró de nuevo que dicho pacto favorece la impunidad y sacrifica el derecho a la justicia de las víctimas.
Criticó que “los criminales de guerra” no vayan a ir a la cárcel, hablando tanto de guerrilleros como de militares implicados en falsos positivos; que los condenados no sean inhabilitados para participar en política; y que las partes negocien la conformación de los futuros Tribunales de Paz, que podrán anular sentencias anteriores de otros juzgados.
Aunque no especificó con qué funcionarios se iba a reunir en Washington, el directivo les comentó a los medios de comunicación que su objetivo era que las preocupaciones de HRW le fueran transmitidas a Obama, para que este se las plantee a Santos en la cumbre presidencial del próximo 4 de febrero, allá en la capital estadounidense.
Vivanco dijo estas aseveraciones en el lanzamiento oficial del “Informe Mundial 2016: la política del miedo amenaza los derechos”, con el que su organización no gubernamental analiza la situación humanitaria en el planeta.
En el capítulo sobre Colombia, el documento afirma que “la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continúa realizando un seguimiento de las investigaciones en Colombia de delitos que estarían comprendidos dentro de la competencia de la CPI. En noviembre de 2015, la Fiscalía de la CPI informó que ‘analizaría atentamente las disposiciones del acuerdo (con las Farc), sobre todo con respecto a las restricciones a la libertad en condiciones especiales y la inclusión de agentes estatales’”.
El estudio resalta algunos episodios del año pasado, indicando que pese a estar en una mesa de negociaciones, los insurgentes continuaron sembrando minas antipersonal y “cometiendo graves abusos contra civiles en el municipio de Tumaco (Nariño)”.
Como ejemplo de esas acciones, citó que “en junio, un atentado a un oleoducto en Tumaco provocó que casi 200.000 personas tuvieran acceso limitado a agua durante varios días, y habría generado problemas duraderos de salud”.
El informe también hace eco sobre el asunto de la restricción efectiva de la libertad como castigo acordado para los subversivos, porque “estas ‘condiciones especiales’ podrían consistir en penas que no sean proporcionales a la gravedad de los delitos, conforme exige el derecho internacional”.
