Pasados más de dos meses desde que la Fiscalía hizo la solicitud formal, este lunes se conoció que el organismo dio vía libre a la alerta internacional para la detención del exfuncionario, quien permanece en Nicaragua.
Si bien desde el pasado 4 de julio la Fiscalía solicitó a la Interpol que se emitiera circular roja en contra de Carlos Ramón González, quien es buscado por las autoridades por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riego de Desastres (UNGRD), solo hasta este lunes 22 de septiembre el organismo dio vía libre y emitió la alerta internacional.
Según confirmó la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, este lunes la Secretaría General del organismo con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra de González.
La demora en el proceso resultaba llamativa si se tiene en cuenta que un caso similar fue tramitado con celeridad: la alerta internacional contra César Manrique, exdirector de Función Pública, también vinculado al caso.
En principio, todo indicaría que la demora no respondió a un trámite técnico ordinario, sino a un contexto más complejo. El elemento central es que González recibió recientemente asilo político en Nicaragua, lo cual introduce un componente delicado en la revisión de Interpol.
De acuerdo con los estatutos de la organización, las circulares rojas no deben ser utilizadas con fines políticos, militares, raciales o religiosos, y cuando se trata de personas con protección internacional, como es el caso del asilo, el organismo suele detenerse en un análisis más exhaustivo para determinar si la solicitud responde a una persecución judicial legítima o si podría estar contaminada por motivaciones políticas internas.
A principios de mes, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el marco del proceso por el escándalo de Gestión del Riesgo.
Sin embargo, la decisión no se ha materializado teniendo en cuenta que González permanece asilado en Nicaragua. En su decisión, el Tribunal enfatizó que el imputado, debido a su cargo, “se mueve en las más altas esferas del Estado, cuenta con reconocimiento público y está vinculado con el poder político hace muchos años”.
Además, subrayó la urgencia y necesidad de la medida cautelar, señalando la existencia de una organización criminal en torno al caso, dentro de la cual cinco integrantes ya han suscrito preacuerdos con la Fiscalía, aceptando cargos y vinculando a González en los hechos de corrupción.
El exdirector del Dapre es señalado como presunto artífice de un esquema que habría consistido en ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), con el fin de facilitar el trámite de proyectos y reformas del Gobierno Nacional, utilizando dineros desviados de la UNGRD.
La Fiscalía lo acusa formalmente de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. Aunque se evaluó imputarle lavado de activos, no se logró demostrar su participación en ese ilícito.
Desde que su nombre empezó a figurar en el expediente, González emprendió una ruta internacional que lo llevó primero a ciudades como Barcelona (España), hasta terminar recibiendo asilo político en Nicaragua. Pese a que el Tribunal ordenó su captura inmediata, las autoridades colombianas no han podido hacerlo comparecer ante la justicia.
Incluso, la Cancillería colombiana solicitó su extradición; sin embargo, el gobierno de Managua rechazó el pedido bajo el argumento de que González cuenta con estatus de asilado político. A la par, el caso salpica al diplomático Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua, señalado de haber facilitado la salida del exfuncionario del país para evadir la justicia.
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