La desaparición forzada en Colombia es un delito que se mantiene. Si bien se firmó un Acuerdo de Paz con las Farc, que, según la Procuraduría, deben responder por 2.760 personas de las que se desconoce su paradero, otros grupos como bacrim, carteles de droga y delincuencia común siguen con esta práctica.
Este crimen, aún vivo en el país, ha dejado, según el Registro Único de Víctimas, 46.970 personas desparecidas en el marco del conflicto armado, y esta es una de las razones por las que la búsqueda se ha tornado lenta e infructuosa.
Además, la imposibilidad de determinar cuántos siguen sin aparecer debido a los subregistros por falta de denuncia, o porque regresaron y sus familiares no avisaron a las autoridades, ayuda a mostrar un panorama sin resultados apremiantes.
“La desaparición forzada sigue ocurriendo en Colombia, y eso es algo que tiene que ser visible para toda la sociedad”, señaló Martina Fava, responsable de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR.
¿Un Estado insuficiente?
La conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada busca sensibilizar a la población mundial sobre uno de los delitos más atroces, ya que su carácter de ejecución permanente no permite la sanación de las familias y, por el contrario, la inquietud y zozobra se mantienen hasta la aparición del ser querido.
De la desaparición forzada se tienen noticias en Colombia desde 1977. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, son más de 60.000 personas de las que no se sabe nada (dato que difiere con el de la Unidad de Víctimas).
Para hallarlos, Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, dijo que se hace necesario impulsar, con una firme voluntad política, “avances concretos en la búsqueda de personas desaparecidas. Los pasos que se han dado no son suficientes. Todas las partes del conflicto tienen la responsabilidad de ofrecer respuestas sobre los hechos ocurridos”.
En esa dirección, hoy el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, le enviará una carta al presidente Juan Manuel Santos en la cual le pide que adelante todas las acciones legales para aceptar la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas, contemplado en la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones, cuyo artículo no fue ratificado por Colombia, lo que impide que el Comité contra la Desaparición Forzada de las ONU pueda recibir y tramitar casos que se presenten en el país.
“Evidencia falta de voluntad política para resolver uno de los crímenes más atroces que, desafortunadamente, se siguen presentando”.
Las acciones del Estado
No obstante, el Estado colombiano ha trazado una ruta para la búsqueda de aquellas personas de las que se desconoce su paradero.
Una de las medidas es la creación la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, nacida bajo el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Aunque esta unidad aún no está conformada, hasta el momento funciona la comisión nacional creada en el año 2000. El Comité de Escogencia de la JEP está determinando quién será el director de la UBPD y se conocerá el 26 de septiembre; se espera inicie operación en enero de 2018.
Los retos los dejó claros el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina: “Hemos estado trabajando hasta en el más mínimo detalle para garantizar que la unidad pueda cumplir con sus funciones, para que las víctimas puedan participar en los momentos del proceso. El mayor desafío que enfrenta la UBPD es el de consolidar el número de personas desaparecidas”.
Además, Medicina Legal avanza con el Plan Cementerio desde octubre de 2015, con el cual ha exhumado 388 restos óseos que habían sido sepultados sin identificar. Ahora la tarea es darles nombre. Así mismo, la Fiscalía ha exhumado desde el 2005, 8.736 cadáveres y ha entregado a sus familiares 4.062 restos óseos de sus seres queridos.
