La visita de Moreno fue confirmada tras una reunión en Washington con los congresistas José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo.
El senador estadounidense Bernie Moreno, un reconocido crítico del gobierno de Gustavo Petro, aterrizará en Colombia en la última semana de mayo para actuar como observador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
El republicano por Ohio llegará al país y fungirá como veedor de los comicios, según confirmaron los congresistas José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo tras un encuentro en Washington.
El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui calificó la participación de Moreno como una “garantía de tranquilidad” para el país.
Moreno se suma a un grupo de 86 funcionarios estadounidenses que actuarán como veedores bajo una acreditación de “misión informal” otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una solicitud directa de la Embajada de Estados Unidos.
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Más allá de la observación técnica, la agenda de la oposición se centró en exponer lo que consideran una “crisis de seguridad y de garantías democráticas”.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), los congresistas presentaron denuncias concretas sobre una supuesta presión armada al elector que llevaría a riesgos de constreñimiento al voto en zonas con alta presencia de grupos ilegales.
Los congresistas también alertaron sobre el acceso inequitativo a medios públicos y la presunta “estigmatización” desde el discurso oficial del gobierno de Gustavo Petro.
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La visita ocurre en un contexto de máxima tensión tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado, un hecho que ha marcado el actual ciclo electoral. La preocupación internacional es palpable.
Jennifer Locetta, delegada de EE. UU. ante el Consejo de Seguridad de la ONU, advirtió hace unos día que su país sigue atento a cualquier intento de socavar la integridad de las urnas.
Por su parte, Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, lanzó una advertencia directa contra quienes intenten agredir a los candidatos.
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La alerta se intensificó tras conocerse imágenes de coronas fúnebres enviadas a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes lideran las encuestas actuales.
Con la acreditación de esta numerosa misión extranjera, la oposición busca blindar un proceso electoral que, según sus voceros, hoy carece de las condiciones mínimas de seguridad para los líderes políticos y la ciudadanía.
Aunque las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo transcurrieron sin alteraciones graves y con una participación superior al 50 %, el panorama de seguridad en Colombia sigue siendo frágil.
Así lo concluye el más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU, que analiza el periodo entre finales de diciembre de 2025 y marzo de 2026, y que será presentado ante el Consejo de Seguridad.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, destacó que la jornada electoral se desarrolló “en gran medida de forma pacífica”, pero advirtió que esto no refleja una mejora estructural en las condiciones de seguridad del país.
“Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto”, señaló.
A pesar del despliegue de más de 246.000 integrantes de la Fuerza Pública durante las elecciones, el informe documenta múltiples hechos que evidencian la persistencia del conflicto armado en los territorios.
Entre ellos, ataques a esquemas de seguridad de candidatos, la desaparición de un aspirante al Senado, la retención de lideresas indígenas y el asesinato de militares en medio de operativos relacionados con la logística electoral.
Además, la ONU advierte que en al menos 185 municipios existían riesgos altos antes de la jornada, especialmente en zonas rurales con fuerte presencia de grupos armados ilegales.
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En ese contexto, subraya que estas organizaciones continúan imponiendo control social y limitando la participación política. Uno de los puntos críticos señalados es la situación del partido Partido Comunes, surgido del acuerdo de paz con las FARC, cuyos integrantes denunciaron presiones y amenazas durante la campaña.
El informe recalca que “la participación política de los excombatientes sigue siendo un ejercicio de alto riesgo donde el Estado carece de presencia”.
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