Una frase pronunciada por Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, resume lo que, para él, fue la primera audiencia ante La Haya sobre el litigio por la soberanía de aguas del mar Caribe: “Pasó exactamente lo que esperábamos que iba a pasar”.
Tras concluir el evento, que hace parte de una serie de audiencias orales que se extenderán durante estas dos semanas, Arrieta aseguró que, como había predicho, la defensa de Nicaragua se centró en argumentar que Colombia ha violado el derecho internacional y ha incumplido con el fallo de 2012, que le quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar a la Nación.
En contraste, la Cancillería de Colombia se sostiene en que las operaciones demandadas buscaban “proteger a los habitantes del Archipiélago y a la población Raizal, cumplir con deberes internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico y ejercer protección de la Reserva de Biósfera Seaflower”.
Sobre esto último, el PhD en relaciones internacionales, Juan Fernando Palacio, docente de la UPB, interpreta que, precisamente, los problemas entre ambas naciones se han derivado de que “el fallo (de 2012) no fue lo suficientemente claro en cuanto a la contigüidad territorial de las islas”, lo que -según él- provocó vacíos y ambigüedades que facilitan las disputas actuales.
