Cuestan entre 60 mil y 1 millón de pesos, los ofertan por redes sociales y para comprarlos basta enviar un par de mensajes y coordinar la logística de pago y entrega, a veces con algún adelanto.
Así funciona el tráfico de diplomas y títulos falsos conocido por EL COLOMBIANO, pocos días después del escándalo por la tesis de maestría de Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes, quien habría incurrido en plagio para obtener su diploma.
Obtener una certificación falsa no tiene gran misterio, e igualar en el papel a quienes han cursado 11 años de educación preescolar, básica y media, y cinco o más de una carrera universitaria –incluyendo a médicos, abogados e ingenieros que requieren tarjeta profesional para poder ejercer–, se resuelve con facilidad preocupante a través de Facebook. “Manejamos todos los títulos, universidades y tarjetas profesionales”, responde una de estas personas a través de WhatsApp.
Los datos que piden los vendedores a su clientela, a la que alcanzan a través de publicaciones básicas en grupos de Facebook, son el número de la cédula con lugar de expedición y el nombre completo de quien “se graduará”. Y lo más importante: la institución bajo la cual la persona desea certificarse y el título que fingirá tener.
“No aparecen en el sistema y solo sirven para trabajar, pero no para seguir estudiando”, aclaran los vendedores para evitar confusión y, en palabras sencillas, lo que eso significa es que los supuestos certificados son réplicas exactas de documentos de instituciones públicas y privadas que no tienen ningún tipo de soporte legal, pero que pasarán un filtro en un proceso de selección laboral.
La promesa es que el documento estará en el correo electrónico de la persona -a un menor precio- en menos de un día o se lo darán en físico hasta cinco días más tarde. El costo varía, dependiendo del tipo de impresión escogida y del “emprendedor” que la oferte.
El negocio parece demasiado sencillo, en comparación al riesgo que supone inventar certificaciones falsas a personas sin las cualificaciones adecuadas, que tendrán enfermos que sanar, obras por ejecutar o hasta podrían llegar a ocupar cargos públicos, como pasó en 2017 con Óscar Hernando Motta, exsecretario TIC de la Alcaldía de Neiva, quien por escribir el nombre de la ciudad con ‘b’ en vez de ‘v’, fue descubierto con un título falso de Ingeniero de Sistemas.
La respuesta de las autoridades
A propósito, este diario consultó con el Centro Cibernético Policial (la Dijín) y con el Ministerio de Educación sobre su conocimiento de la venta de diplomas falsos; en el primer caso la institución informó no tener reportes sobre este tipo de casos, mientras que en el segundo no hubo respuesta.
